Hace una semana, el Tribunal de Cundinamarca le dio la orden al presidente de la República, Gustavo Petro, de rectificar sus declaraciones en contra del exgerente de la EPS Coosalud, Jaime González. Pasaron los días y el primer mandatario no cumplió lo que ordenaba el fallo.
El Juzgado 24 administrativo de Bogotá abrió este miércoles incidente de desacato en el propósito de exigir al presidente de la República cumplir con las medidas ordenadas en el fallo de tutela, que básicamente se resumen en una rectificación por varias declaraciones que lanzó en contra de Jaime González.
En la decisión, que ya fue notificada a todas las partes, el juzgado le dio 48 horas al jefe de Estado con el fin que envíe todos los soportes de la retractación de los señalamientos que hizo en su cuenta de X, en que aseguró que de la mencionada EPS sus directivos “se robaron 221.000 millones”.
Esto en atención al fallo emitido hace dos semanas por el Tribunal, que determinó que las declaraciones hechas por el primer mandatario no tenían un sustento pues no existía un fallo judicial condenatorio en contra de González.
“El presidente Gustavo Francisco Petro Urrego tampoco presentó evidencias pertinentes como sustento de sus afirmaciones ni acreditó haber agotado previamente, por lo menos un mínimo de diligencia en la verificación de los hechos que informó a la opinión pública, no como apreciaciones, sino como supuestos fácticos verdaderos”, dijo el Tribunal.
La rectificación ocurrió tras una auditoría que se adelantó a la EPS y que el presidente Gustavo Petro utilizó para hacer graves denuncias respecto del manejo de la entidad y los dineros que estaban destinados a lazar de los usuarios. El tribunal concluyó que no había argumento ni prueba para advertir o confirmar los hechos que atribuyó el primer mandatario.
“Con ocasión de las investigaciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud, así como de declaraciones emanadas por el superintendente sobre el particular, lo cierto es que aún no existe una decisión emitida por autoridad judicial competente sobre si, en efecto, el accionante incurrió en actos de corrupción, más exactamente en desviación de recursos”, señala la decisión.
En la misma decisión, el tribunal advierte al presidente de la República que tiene que abstenerse de hacer nuevos señalamientos, declaraciones o expresiones que involucren o afecten el debido proceso o la honra del tutelante, en este caso, el exgerente de la EPS.
“En consecuencia, se concluye que no acreditó la carga de veracidad e imparcialidad de la información, de la que deberían estar revestidas sus afirmaciones, en virtud a las importantes repercusiones que tiene la comunicación del principal funcionario público con la población”, dice la decisión del Tribunal de Cundinamarca.