Este martes 9 de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un pronunciamiento en el cual calificó como un “genocidio” los ataques contra los integrantes de la Unión Patriótica (UP).
En la decisión, se llamó a imputación de cargos a cinco oficiales en retiro del Ejército Nacional, quienes habrían tenido participación en los seguimientos y ataques contra los dirigentes políticos de esta colectividad, que nació tras la firma de un acuerdo de paz.
“Estos asesinatos masivos y sistemáticos, el exilio y la desaparición forzada se cometieron con un propósito específico, que era destruir al grupo porque se veía como una amenaza en los territorios donde era exitoso electoralmente”, precisó la magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Caso 06.
En la lista de los citados se encuentran los generales en retiro Iván Ramírez Quintero —condenado por los desaparecidos del Palacio de Justicia— y Rito Alejo del Río.
Así como los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez, quienes ocuparon roles de comando e inteligencia en la Primera División, la Brigada XVII y el Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez, respectivamente.
Con la evidencia recolectada —aseveró la magistrada— se logró establecer la participación de los militares en el plan dirigido al exterminio de este partido político.
En la resolución se indica que en la zona del Urabá, principalmente en el año de 1996, se presentó un “patrón macrocriminal” enfocado en la destrucción del partido político por parte de miembros del Ejército Nacional, en asociación con grupos paramilitares que delinquían en la zona.
Teniendo en cuenta pruebas documentales, testimoniales y técnicas, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó el crimen de genocidio. Así como crimen de guerra de homicidio y los crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de la población y otros actos inhumanos.
Los tres patrones de macrocriminalidad
En su explicación, la magistrada Catalina Díaz Gómez detalló que en el Urabá antioqueño se presentó un patrón de violencia que no se pude considerar como aislado sino que hace parte de la “más crítica e ilustrativa del patrón macrocriminal de genocidio político” en Colombia.
En esta zona del país, principalmente en Apartadó, se generó una estigmatización constante en contra de los integrantes de la UP, señalando que su fortalecimiento representaba una “materialización de la amenaza comunista”, señalando a la región como un territorio insurgente que amenazaba la integridad de la nación. Urabá fue presentado en el discurso público como “la esquina roja de Suramérica”.
Tras evaluar varias situaciones en este extediente, al JEP concluyó que existieron tres patrones definidos de macrocriminalidad para destruir el partido político. Además de asesinar a sus figuras más representativas, entre las que se encuentran dos candidatos presidenciales, senadores, representantes a la Cámara, alcaldes. Se optó por perseguir y amenazar, buscando que se exiliaran.
“Primera: Asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de campesinos, obreros bananeros y sindicalistas mediante asaltos a fincas bananeras y campesinas para destruir a la base de la UP Segunda: Asesinatos y desplazamientos forzados de representantes políticos, funcionarios públicos y líderes comunitarios de la UP, mediante sicariato en el casco urbano para destruir el liderazgo de la UP”, precisó.
“Tercera: Masacres y desplazamientos forzados en territorios con identidad upecista mediante incursiones para alterar las preferencias electorales de los pobladores, propagar el terror entre los militantes, y destruir los procesos y bienes colectivos producto de la realización del proyecto político”, añadió.
Los militares, según los registros oficiales, calificaban a la UP como “el brazo político” de las Farc. Debido a esto, en los archivos de la antigua Brigada XX de inteligencia militar, un listado de 2.624 dirigentes y militantes de la UP etiquetados explícitamente como “UP-FARC”.
“La investigación de la JEP también reveló que mandos militares ignoraron a propósito las denuncias públicas sobre la operación de los paramilitares en connivencia con miembros de la fuerza pública para la destrucción del grupo político. La sala concluyó que esta política facilitó la consolidación de grupos paramilitares en la región de Urabá y generó las condiciones para que los principales perpetradores materiales actuaran libremente y con impunidad”, señala la decisión.