El Juzgado 41 de control de garantías de Barranquilla rechazó de plano las peticiones presentadas por la defensa de Nicolás Petro Burgos, en medio de la instalación de la audiencia en la cual la Fiscalía General le imputará cinco nuevos delitos.
Para el funcionario judicial, los argumentos presentados por el abogado Alejandro Carranza no tienen ningún tipo de sustento, hecho por el cual ordenó que se siga adelante con la diligencia judicial.
A primera hora, el abogado del exdiputado por el Atlántico había reclamado que hasta la fecha no se había resuelto la acción de tutela presentada contra la fiscal que adelantará la imputación de cargos.
En su intervención, sostuvo que pese a que la recusación ya había sido resuelta, se tomó la decisión de presentar una tutela por considerar una falta de parcialidad. Esta acción está en estudio actualmente por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Igualmente, reclamó que no se le había dado respuesta a una petición frente a los hechos que motivaron la indagación contra Nicolás Petro Burgos.
“Si el juez de tutela hubiese considerado que existía un riesgo para los derechos constitucionales del señor Nicolás Petro con el adelantamiento de esta imputación y esta solicitud de medida de aseguramiento ante la presunta falta de imparcialidad de la fiscal delegada que adelanta esta actuación, pues bien lo hubiese podido decretar”, precisó el funcionario judicial.
En este sentido, consideró que hasta el momento no se ha detectado una afectación a las garantías y los derechos constitucionales.
Frente al segundo reparto, el juez de control de garantías sostuvo que en la diligencia judicial se pondrán de presente los hechos que motivaron la apertura de la indagación y el sustento de la nueva imputación de cargos.
“El despacho encuentra que más allá de introducirme indebidamente en el análisis o la valoración de si le contestó, si no le contestó, si la respuesta fue de fondo, si no fue de fondo, si lo que dice una parte o la otra es cierta, que correspondería más que todo al análisis de fondo de un derecho de petición en sede de tutela, el despacho considera que al continuar con esta imputación y esta medida de aseguramiento no se estaría afectando el derecho de defensa”, expresó.
Debido a esto, consideró que la audiencia programada para este lunes debe seguir su curso.
“Con la comunicación de los cargos precisamente se va a enterar de cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes, cuáles son esos delitos y cuál es la teoría que tiene la Fiscalía sobre su presunta responsabilidad penal para iniciar formalmente un proceso penal y, de esa manera, activar su derecho de defensa”, respondió el juez.
Con el fin de blindar de garantías el proceso penal, y como lo indica la ley, la defensa del procesado podrá pedir un tiempo después de conocer los hechos imputados para evaluar el caso y los elementos presentados por la Fiscalía General.
“Entonces, si llegamos a la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento y requiere de tiempo necesario para estudiar los elementos materiales probatorios de la Fiscalía, estudiar esa calificación jurídica, estudiar esos fines constitucionales y posteriormente recaudar y presentar sus propios elementos materiales probatorios en un término razonable”, manifestó.
La Fiscalía General le imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias de servidor público, peculado por apropiación y falso testimonio.
En esta oportunidad, la Fiscalía General solicitará una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad en contra de Petro Burgos.