En medio de una sesión extraordinaria que se adelantó este jueves 30 de abril, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rechazó la petición de casa por cárcel que hizo Karen Manrique, la congresista detenida por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
Con esta decisión, la reelegida representante a la Cámara por la curul de Paz de Arauca seguirá recluida en el Batallón de Ingenieros de Combate N.° 2 General Francisco Javier Vergara Velasco, en el municipio de Malambo, en Atlántico.
Manrique se entregó a mediados de marzo a las autoridades en el municipio de Tame, Arauca, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenó enviarla a la cárcel, mientras avanza el juicio en su contra por el saqueo a la UNGRD.
Esa misma medida de aseguramiento cayó contra el reelecto senador por el Partido Conservador, Wadith Manzur.
Sin embargo, la congresista intentó, por medio de recusaciones a dos conjueces y a la magistrada Cristina Lombana, quienes votaron a favor de enviarla a la cárcel por este caso, aplazar la decisión final de la Sala sobre ese llamado a juicio y la orden de capturarla por este proceso.
En las últimas horas, los magistrados de esa sección rechazaron las pretensiones de la legisladora y, de paso, le negaron la solicitud de modificar su medida de aseguramiento en la cárcel, por prisión domiciliaria. Manrique seguirá en el Batallón de Malambo mientras avanza el juicio en su contra.
El abogado Andrés Garzón, defensa de la congresista, ahora podría interponer un nuevo recurso de reposición contra esa decisión, pero si no llega esa instancia, el caso queda en firme y pasará a manos de los magistrados de la Sala de Primera Instancia para iniciar su juzgamiento.
Esa sesión extraordinaria de la Sala de Instrucción también dejó en firme el llamado a juicio contra los congresistas Karen Manrique, Liliana Bittar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Wadith Manzur y el exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz.
La justicia señaló a los entonces integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de, supuestamente, negociar millonarios contratos de la UNGRD en Córdoba, Bolívar y Arauca, el departamento que Manrique representa, a cambio de apoyar los créditos que solicitaba la Nación a través del Ministerio de Hacienda, en ese momento liderado por el imputado Ricardo Bonilla.