“Jamás oculté información al ministro”. La frase es de Ana María Garzón Botero, exsecretaria general del Ministerio de Defensa, durante la administración de Iván Velásquez. Ella salió de la entidad en medio de un lío de contratación, en el que su exjefe, según su versión, fue protagonista.
SEMANA tiene en su poder la declaración que rindió Garzón Botero ante un ente de control, que se mantiene bajo reserva, por tratarse de una investigación sobre el desastre del gobierno del presidente Gustavo Petro con los helicópteros MI-17 del Ejército, que tienen problemas de mantenimiento y hasta han tenido desenlaces fatales con la muerte de sus tripulantes en accidentes.
La entonces funcionaria de confianza del ministro Velásquez reveló el paso a paso de cómo se originó la crisis de las aeronaves rusas y afirmó que el ministro Velásquez siempre estuvo enterado de la situación y el contrato.
“Jamás oculté información al ministro ni actué de manera soterrada”, dijo Garzón Botero al ente de control durante una versión libre que rindió. Allí explicó sus actuaciones como secretaria general.
La declaración es clara y advierte que Velásquez sabía incluso desde el empalme con el gobierno de Iván Duque que a estos contratos había que darles un tratamiento urgente.
“Se hace una compilación de la información de actividades, circunstancias, análisis de eventos y riesgos que se le habían presentado al señor ministro desde mi llegada al cargo, e incluso fueron parte del empalme cuando se recibió el ministerio, como una calificación de prioritario y urgente”, dijo Garzón Botero.
La exfuncionaria explicó que el 27 de enero de 2023, cinco meses después de que Petro asumiera la Presidencia, le entregó un informe a Velásquez bajo el título “Informe ejecutivo-Contratos con el Gobierno de Rusia”, en el que hizo una explicación en detalle de la crisis con el mantenimiento de las aeronaves destinadas al transporte de tropa.
Los contratos fueron firmados durante el gobierno de Duque y corresponden a varios códigos. El 14/2021 tenía como propósito realizar mantenimiento completo (overhaul) a un helicóptero de matrícula 3387. Y el contrato 1/2022 tenía por objeto la recuperación y puesta en funcionamiento del helicóptero de matrícula 3385.
Esta es la génesis de la crisis de los helicópteros MI-17. Tras la guerra entre Rusia y Ucrania, que generó bloqueos de Estados Unidos a Rusia, también impedían que países aliados como Colombia tuvieran nexos con ese país.
En la explicación que entregó Garzón Botero, señala que fue imposible realizar los pagos a la compañía rusa Nacional de Servicios de Aviación, NASC, encargada del mantenimiento de los MI-17. Por eso, los contratos tuvieron que ser suspendidos, luego reanudados y se definieron mesas de trabajo para buscar una salida.
La declaración de Garzón Botero advierte que se tuvo en cuenta el impacto contractual y el geopolítico, situación que fue plenamente informada al ministro Velásquez. Así, por el conflicto internacional, los rusos no podían entrar a Colombia a realizar el mantenimiento y Colombia no podía enviar los helicópteros a Moscú, porque podría ser interpretado como un apoyo a Rusia.
“Considerando todos los valores en juego, se adoptaron los mecanismos tendientes a la culminación del contrato con el menor riesgo posible para las instancias de ordenación del gasto, teniendo de presente las relaciones internacionales con Estados Unidos”, dijo Garzón en su versión libre.
En el expediente y los documentos que acompañaron la declaración también se conocieron cartas que NASC (empresa rusa con la que se había hecho el contrato) le envió al ministro Velásquez, en las que le reclama por el silencio y la falta de solución al lío contractual.
“No se ha permitido el retiro físico del material; por el contrario, el Ministerio (de Defensa) ha guardado silencio ante las innumerables comunicaciones presentadas por la NASC, recabando la necesidad y seriedad de cumplir los trabajos contratados”, señaló la empresa rusa.
En otra comunicación al Ministerio, la NASC advirtió que eran los únicos autorizados para el mantenimiento de los MI-17, y que buscar un tercero generaría impactos contractuales y riesgos para la seguridad aérea.
El 15 de diciembre de 2022, la NASC le advirtió directamente al ministro Velásquez lo que sería la causa de la muerte de militares en accidentes de los MI: “Las situaciones de emergencia (incidentes) se crearon por utilizar empresas reparadoras no autorizadas que realizaron trabajos sin cumplir las normas establecidas”.
La NASC le recuerda a Velásquez que “es de resaltar que la Federación de Rusia es la propietaria de los derechos intelectuales y la organización del servicio posventa de los helicópteros”.
Garzón Botero reprochó la actitud que tomó el ministro Velásquez en su contra, pese a sus gestiones para mantenerlo informado de la compleja situación, de sostener la columna vertebral de los contratos, continuar con una buena relación con Moscú y evitar daños al patrimonio del Estado.
“Como consecuencia de mi determinación para solucionar, superar, cumplir, proteger los recursos y conciliar con la parte en ejercicio, función que me fue encomendada, fui retirada de manera abrupta”, señaló Garzón Botero.
La decisión, a su juicio, fue devastadora para su futuro profesional. “Generándome un daño reputacional enorme que tampoco ha sido aclarado y que permanece en el imaginario público, que me pone como la funcionaria que suscribió un contrato con una empresa rusa en lista Clinton, tal como se lee en titulares”, dijo Garzón Botero.
La historia de los MI-17 se tradujo en una espiral de hechos catastróficos. Accidentes de aeronaves que dejaron muertos y heridos, como el caso del coronel Jesús David Carvajal. El oficial, según documentos en poder de SEMANA, era, irónicamente, el supervisor de los contratos en crisis. De acuerdo con fuentes militares, Carvajal siempre trató de buscar una solución al problema de los MI-17. Incluso en el Ejército se le conocía como el padrino de las aeronaves.
Pero el 9 de mayo una tragedia golpeó a esa fuerza. El helicóptero MI-17 de matrícula 3395, que viajaba con militares entre el norte de Antioquia y el sur de Bolívar, se accidentó cuando iba a abastecer a tropas en tierra.
Por azares del destino, la aeronave la piloteaba el coronel Jesús David Carvajal, el mismo que buscaba una solución para el mantenimiento de las dos aeronaves que se encontraban varadas en hangares de Santa Marta y Tolemaida, por la guerra entre Rusia y Ucrania.
En entrevista en exclusiva con SEMANA, luego del accidente, la esposa del coronel Carvajal, Eliana Barrera, destacó el amor que él tenía por la flota de helicópteros MI-17 y lo golpeado que se encontraba por la situación.
Escándalo
Tras la compleja situación de los helicópteros MI-17, que se veía reflejada en militares muertos, SEMANA reveló cómo varias de las aeronaves se encontraban varadas en los hangares del Ejército, por falta de mantenimiento.
El entonces ministro Velásquez autorizó firmar con una empresa de Estados Unidos un contrato por 32 millones de dólares que terminó en un desastre. Un coronel y dos civiles fueron capturados por presuntos hechos de corrupción.
Para recuperar los recursos que se habían pagado como anticipo a la empresa Vertol Systems Company, el Ministerio de Defensa tuvo que activar las pólizas y seguros.
La trazabilidad de la crisis de los MI-17 muestra que el entonces ministro Velásquez sabía en detalle de la grave situación que tiene hoy al Ejército con 11 aeronaves varadas, seis volando y en entrenamiento, dos en mantenimiento, y la 3395 en la que se accidentó el coronel Carvajal pronta a ser dada de baja.
Muertes, incumplimientos, contratos emproblemados y presunta corrupción son asuntos que conocía Velásquez, sobre los cuales ha guardado silencio, mientras retiró a su ex mano derecha, la secretaria Ana María Garzón.