Tras el escándalo por la presunta infiltración de las disidencias en entidades del Estado, la Fiscalía acaba de confirmar que parte del material incautado en la operación contra alias Calarcá permaneció en poder de la Dijín durante un año y que su entrega al ente acusador fue fragmentada.
La declaración fue hecha por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, durante un procedimiento en el que explicó la ruta reciente de la investigación.
Camargo afirmó que la investigación ya fue asignada a la Fiscalía Delegada ante la Corte y que se conformó un equipo para apoyar las líneas de investigación anunciadas. Dijo, además, que se ha identificado “una gran cantidad de información de carácter financiero” vinculada al Frente 36, razón por la cual se abrirá una línea de investigación financiera con apoyo de la delegada para finanzas criminales.
Sobre el manejo de las pruebas, la fiscal fue explícita: “La información no fue entregada en su totalidad inmediatamente a la fiscal, sino que le fue entregada a cuentagotas”. Según lo que dijo, la forma en que la Policía —en particular la Dijín— hizo llegar los dispositivos y la información extraída de los elementos incautados influyó en las actuaciones iniciales.
Camargo explicó que “la Fiscalía recibió, hace poco, de la Dijín todos los elementos: fueron al laboratorio forense del CTI” y advirtió que incluso hay archivos que todavía no han sido extraídos.
La funcionaria añadió que la institución está en proceso de establecer las bases de la demora, pero que, por ahora, esa demora “tendría origen en la forma en que la policía, la Dijín, fue entregando a ella de manera fraccionada la información que produjo la acusación”.
La Procuraduría ordenó la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas y del director del DNI, Wilmar Mejía, por presuntas irregularidades relacionadas con ese material.
Camargo señaló que la dirección superior de la Fiscalía tuvo conocimiento formal de la información recientemente, lo que —según explicó— influye en el punto en que se encuentra la investigación. La Fiscalía ha explicado que la apertura de una línea de investigación financiera se debe a la gran cantidad de información de ese tipo encontrada en los elementos y vinculada al Frente 36 de las disidencias de las Farc.
El análisis forense continúa en curso en el laboratorio del CTI, donde aún se revisa material que no ha sido extraído totalmente.
Mientras esto avanza, la Procuraduría abrió investigaciones, entre ellas incluyó una solicitud directa al presidente Gustavo Petro y al director de la DNI, Jorge Lemus, para que hagan efectivo de manera inmediata la suspensión provisional de Huertas y Mejía y reporten sus cumplimientos sin dilaciones.