Un nuevo capítulo se escribió en el caso que tiene en problemas judiciales al youtuber y recién posesionado senador John Alejandro Bermeo, quien fue denunciado por su supuesta expareja sentimental por violencia sexual, de manera sistemática, y amenazas.
SEMANA conoció en exclusiva el oficio 0304 emitido por el juzgado octavo municipal de control de garantías de Ibagué que ordena “imponer una medida de protección reforzada” a favor de la denunciante, identificada como Ingrid Yamile Quinaya, quien ha manifestado que ha recibido amenazas y teme por su vida y la integridad personal de su familia.
El juez, avalando una petición elevada por la Fiscalía 12 Seccional, dio órdenes a la Policía de Ibagué con el fin de garantizar la seguridad y la protección. “La víctima deberá ser contactada a través de la Casa de la Mujer de esta municipalidad”, señala el oficio que fue notificado a todas las partes.
Para esta audiencia, según pudo establecer SEMANA, el juzgado citó a Bermeo para que “firmara la diligencia de compromiso”. Esta acción se hizo con el fin de evitar que el senador contactara a la denunciante o a sus familiares. A Quinaya tienen que brindarle seguridad.
Mientras esto ocurre, la indagación contra Bermeo sigue su curso y pasará a la Corte Suprema por el fuero que le da su condición de congresista.
En una declaración tomada por la Fiscalía, el 17 de abril de 2026, el senador calificó la denuncia como una “calumnia” para afectar su reputación y carrera política.
Según el documento de ocho páginas, Bermeo reconoció que sí conocía a la denunciante, pero negó que tuvieran una relación sentimental. Era una relación de pago por servicios sexuales.
“Yo sí he contratado servicios sexuales con esta mujer, pero nunca había abusado sexualmente de ella, ni mucho menos maltratarla físicamente, ya que en varias ocasiones le he solicitado el servicio y en esas situaciones la he recogido y llevado a su residencia sin tener algún problema durante el servicio sexual y posterior a él” (sic), narró Bermeo.
La denunciante niega ser una trabajadora sexual, enfatiza que se dedica a la venta de dulces en semáforos en el centro de Ibagué y fue en ese lugar donde conoció a Bermeo, con quien asegura tuvo una relación sentimental.
Manifestó que Bermeo intentó contactarla para ofrecerle dinero a cambio de que desistiera de la denuncia. Ante su negativa, según relató, le envió mensajes en los que amenazaba con “destruir a su núcleo familiar”. Fue entonces cuando ella acudió a la justicia y advirtió que sentía mucho miedo porque, aseguró, Bermeo “tenía mucho poder y reconocimiento”.
SEMANA contactó al senador electo a través de su coordinador de Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), Carlos Contreras, pero no obtuvo respuesta.
En un video publicado el pasado 29 de mayo, en su cuenta de YouTube, donde tiene 79.000 seguidores, aseguró que era “víctima de extorsión” y calificó la denuncia como un “asunto político que buscaba afectar una campaña presidencial”.
El abogado acusado
Mientras se define la situación jurídica del senador de Salvación Nacional, quien mantiene su presunción de inocencia, hay una historia paralela en la que el senador se presenta como víctima.
SEMANA conoció que la Fiscalía formalizó ante el juzgado 1 penal de conocimiento de Ibagué, el pasado 22 de julio, la acusación en contra del abogado Óscar Alejandro Barrero por extorsión contra el senador electo, bajo la amenaza de publicar las pruebas en su contra.
El documento, presentado por la Fiscalía 276 Especializada, señala que el 13 de abril de 2026, el abogado lo contactó mediante WhatsApp para “tratar un tema muy delicado de una persona de nombre Yamile Quinaya”.
El jurista le puso de presente los detalles y contundentes pruebas de la denuncia que iban a presentar en su contra, asegurando que contaba con chats, fotografías y videos de las presuntas agresiones físicas y verbales.
Ese mismo día, a las dos de la tarde, en una reconocida cadena de cafés ubicada en el centro de Ibagué, Bermeo le entregó al abogado 10 millones de pesos.
En este punto, el senador Bermeo asegura que llamó a un amigo abogado.
“En la noche, muy asustado, decidí contarle a mi amigo, quien es abogado penalista y psicólogo, para que me ayudara a orientar la situación. Me dijo que lo mejor era acudir a las autoridades, ya que el delito del que habla el abogado no era conciliable y nada garantizaba que no iba a pedir más dinero”, señaló Bermeo en la denuncia.
Desde ese momento, ese abogado empezó a contactarse con Barrero, con quien acordó otra reunión en un centro comercial de Ibagué. Este encuentro ya había sido puesto en conocimiento del Gaula.
En el escrito se resalta que el jurista se había aprovechado de información que le había entregado una cliente (Ingrid Yamile Quinaya) para que interpusiera una denuncia contra el creador de contenido por una presunta agresión y violencia sexual.
“Le aseguró que tenía chats, fotos y audios de una supuesta agresión (...) le dijo que después del pago le entregaba el celular de la supuesta víctima y el poder que ella le había otorgado”, resalta la acusación.
El abogado le habría exigido a Bermeo la suma de 100 millones de pesos con el fin de comprar su silencio. “Le dice que le entregará, como parte de su guardada de silencio absoluto, el celular de la joven y el poder que tiene” (sic), señala la Fiscalía en la acusación contra el jurista, actualmente privado de la libertad.
El ente investigador no solo reclama la exigencia de dinero del abogado (que logró embolsillarse casi 20 millones de pesos), sino el alejamiento de los principios éticos, traicionando a la denunciante, quien le había entregado copia íntegra de los chats y capturas de pantalla.
Este segundo episodio genera más preguntas sobre la denuncia por violencia sexual. Si el senador electo es inocente, ¿por qué buscar acuerdos con el abogado de la víctima para que no publicara las pruebas? ¿Existen chats y videos que vayan más allá de la extorsión atribuida al abogado? Las respuestas las dará la justicia.