La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA Colombia) denunció que más de 1.900 personas de las comunidades de El Charco, en Nariño, se han visto afectadas por los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y un grupo armado ilegal.
Los hechos se vienen presentando desde el pasado 4 de septiembre, fecha desde la cual se han intensificado los riesgos por los continuos combates y la ocupación de viviendas y escuelas por parte de los actores armados ilegales, que violan el derecho internacional humanitario.
Según informó la Alcaldía del municipio, estas personas que se han visto obligadas a salir de sus hogares se encuentran alojadas actualmente en un salón multipropósito dispuesto en el casco urbano y en veredas de la zona rural del municipio por parte de las autoridades locales.
Desde el 4 de septiembre, según cifras entregadas por el organismo internacional, se han desplazado alrededor de 1.937 personas, que corresponden a 808 familias, dentro de las cuales se encuentran, por lo menos, 392 niños, niñas y adolescentes.
Además, permanecen confinadas cerca de 90 personas, que representan a 28 familias de la comunidad de las nueve veredas de los Consejos comunitarios afrodescendientes de Prodefensa del río Tapaje, Esperanza Tapajeña y Unión Tajireña, del municipio de El Charco.
El 4 de septiembre se registró el primer desplazamiento. En esa ocasión fueron 1.232 personas las que fueron desplazadas de las veredas Alfonso López, Hojal, Guabillo, San Francisco, Montealto y Banguela hacia las veredas Arenal, Rosario, Brazo Seco y el casco urbano del municipio.
El 14 de septiembre se registró un nuevo hostigamiento del grupo armado ilegal contra la Fuerza Pública y amenazas a la población civil, causando el desplazamiento de otras 705 personas de las veredas Hormiguero, Arenal y Guayaquil hacia el casco urbano.
Esta situación también originó el confinamiento de aproximadamente 90 personas, de 28 familias, en la vereda Mero, quienes no pueden movilizarse por temor a quedar atrapadas en medio del fuego cruzado.
“Las comunidades han perdido sus medios de vida y no pueden acceder a sus zonas de trabajo. Además, las viviendas y medios de transporte han sufrido daños materiales significativos”, expresó el organismo internacional.
Además, señaló que “la situación se agrava por las limitaciones en la comunicación”, ya que no existe señal por las continuas acciones armadas, la suspensión de los servicios de salud, la interrupción de las actividades y la alimentación escolar.
“También existe desabastecimiento de alimentos y elementos de higiene y suspensión del acceso a agua, debido a que la bocatoma que surte a este sector se vio afectada por causa de las hostilidades”, manifestó OCHA Colombia.