Nicolás Petro, imputado dos veces y a las puertas de un juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, goza de los “descuentos” turísticos en clubes militares haciendo gala de ser parte de la familia presidencial. No asistió de manera presencial a las audiencias judiciales, pero logró alojamientos en donde parece imposible conseguir un espacio, incluso para los miembros de la fuerza pública.
La Fiscalía reveló que mientras Nicolás Petro aseguró no tener cómo viajar a los Juzgados de Barranquilla para asistir a las audiencias por estar incluido en la Lista Clinton y no poder comprar los tiquetes, al mismo tiempo estuvo de paseo en Cartagena y Santa Marta. Fueron largas estadías con facturas que llamaron la atención de los investigadores.
En una factura a nombre de Laura Ojeda Estupiñán, pareja de Nicolás Petro, fechada el 15 de abril de 2026, y con membrete del Batallón Córdova, donde se encuentra el Centro Vacacional San Fernando, aparece una relación de servicios que incluyen restaurante, bar, comidas rápidas y hasta combos de peluquería.
El documento fue presentado por la Fiscalía para demostrar que el hijo del presidente sí pudo viajar a donde aseguró que le era imposible. La factura no coincide con una tarjeta de registro del mismo centro vacacional y que reseña un alojamiento para 15 días, en plena Semana Santa y, al parecer, a costo cero, gratis.
El enredo es que la factura señala una relación de gastos sin alojamiento, por concepto de restaurante, bar, comidas rápidas y un combo de peluquería, por 1.108.000 pesos (ver imagen). Lo que investiga la Fiscalía es por qué la factura se emitió cinco días después de los supuestos servicios y luego de una visita que hicieron los investigadores al centro vacacional para buscar información.
“Risas, abrazos y amor”
Las pruebas que la Fiscalía usó para establecer que Nicolás Petro mintió cuando dijo que no podía viajar tras su inclusión en la Lista Clinton están en las redes sociales de Laura Ojeda. El hijo del presidente aparece junto con sus amigos en el centro vacacional exclusivo para los miembros de la fuerza pública, en la temporada más costosa, para disfrutar de la playa, pero para ellos, según la tarjeta de registro, no hubo cobro de la estadía.
“Se verificó, mediante el sistema hotelero Zeus y el acta de inspección realizada, que la señora Laura Ojeda Estupiñán realizó una reserva para 7 personas en el centro de vacaciones San Fernando, del 27 de marzo al 10 de abril de 2026. Los informes de policía judicial dan cuenta de la estancia del señor Nicolás Petro Burgos coincidente con los registros en el centro recreacional San Fernando en la ciudad de Santa Marta”, señaló la Fiscalía en la audiencia.
Los documentos revelados por la Fiscalía dejan muchas dudas sobre su trazabilidad, pertinencia y legalidad principalmente, pues, mientras que las tarjetas de registro advierten de una estadía de 15 días en el centro vacacional, la única factura que se conoce es por un solo día, sin alojamiento y con gastos muy diferentes.
El ente acusador concluyó que necesitaba indagar más, conocer en detalle por qué la factura es contraria a la tarjeta de registro, qué funcionario la emitió, de qué forma accedió a los servicios del centro vacacional, quién autorizó, para cuántas personas y cómo se pagó. Las respuestas a esas dudas podrían revelar un enredo mayor.
“Se encuentra en los informes de policía judicial relacionados en las imágenes correspondientes a publicaciones realizadas por usuarios y por la misma señora Ojeda Estupiñán, con alusiones a dichas estancias en los lugares verificados Club Naval de oficiales de la Armada y Club San Fernando de oficiales del Ejército en Santa Marta”, dijo la Fiscalía.
Lo que tiene claro la Fiscalía es que Nicolás Petro “eludió” los llamados de la Justicia, en las condiciones que advirtió el juez en septiembre de 2025 y que la misma Corte Suprema de Justicia fijó sobre la presencialidad en los juicios, más cuando se trata de un proceso tan complejo. Según la fiscal Lucy Laborde, el hijo del presidente Gustavo Petro mintió sobre los impedimentos para viajar a Barranquilla.
“Resulta un contrasentido jurídico y fáctico que el procesado alegue una restricción de movilidad, derivada de su inclusión en la Lista Ofac, para eludir los llamados de la Justicia, mientras que, de manera simultánea y con posterioridad a dicha inclusión, ha demostrado tener plena capacidad, logística y disposición para desplazarse entre las ciudades de Cartagena, Santa Marta y Bogotá”, dijo la fiscal en la diligencia.
Los investigadores lograron reconstruir los traslados de Nicolás Petro al Caribe colombiano cuando dijo que no podía viajar. Lo que falta por establecer es cómo hizo esos viajes, qué medio de transporte usó cuando él y su defensa aseguraron que era imposible acceder a unos tiquetes aéreos, otro punto de la investigación que podría vincular a funcionarios.
La defensa de Nicolás Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, se refirió a los movimientos de su cliente a los centros vacacionales. Aseguró que la inclusión en la Lista Ofac no “restringe los desplazamientos terrestres dentro del territorio nacional”, lo que anticipa, sin mayores detalles, que se movilizó por tierra para las vacaciones, y no para las audiencias.
Con la evidencia recuperada y los informes de policía judicial redactados, la Fiscalía solicitó formalmente al juez Hugo Carbonó ordenar el arresto del hijo del presidente y su abogado. La base de su argumento está en el incumplimiento de las órdenes impartidas por el despacho para asistir de manera presencial a las audiencias.
El juez Carbonó abrió un incidente “de imposición de medidas correccionales” en contra de Nicolás Petro y su abogado, de acuerdo con la solicitud formal de la Fiscalía. Carbonó tendrá que analizar lo que parece tan evidente, que el hijo del presidente Gustavo Petro “eludió” la orden del juez y, según la Fiscalía, engañó a la Justicia.
Nicolás Petro aseguró que la fiscal del caso puso en peligro a su familia al presentar como prueba algunas imágenes de su entorno privado. Sin embargo, el exdiputado parece ignorar que quien publicó y mantiene en redes sociales sus actividades “privadas” es su propia pareja: Laura Ojeda Estupiñán.
La defensa de Nicolás Petro sostuvo que su cliente “se desplaza a guarniciones militares por una sola razón: seguridad” y que, como hijo del presidente de la república, es “sujeto de protección estatal, se encuentra en esquemas de seguridad reforzada”.
De ahí que no pueda revelar detalles sobre la escolta que lo acompaña. Para el abogado Carranza es claro que la fiscal Laborde abusa de su autoridad al insistir en una medida de aseguramiento.
Afirmó que Nicolás Petro ha ejercido su derecho a la defensa, además de cumplir con la totalidad de las audiencias virtuales. “Pretender deducir ocultamiento por no alojarse en un hotel 5 estrellas es desconocer cómo opera la protección de personas en riesgo”, señaló.