Durante tres horas y media, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez rindió declaración en medio de la investigación que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunto conocimiento de los hechos que rodearon las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en los años de 1996 y 1997.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia —quien comandó varios bloques que delinquieron en los departamentos de Córdoba y Bolívar cuando ocurrieron los hechos materia de investigación— indicó que no tenía información o respaldo sobre el conocimiento de Álvaro Uribe Vélez en estas masacres.
“Yo nunca participé en una reunión de ese tipo”, respondió Mancuso al ser interrogado sobre una reunión celebrada en un lugar conocido como La Marranera y en la que habría participado el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
En dicha reunión, cita el expediente, se habría acordado el asesinato de testigos.
El exjefe paramilitar aseguró que jamás hizo parte del Bloque Metro de las AUC, acusado de cometer los asesinatos selectivos de campesinos señalados de auxiliar a la guerrilla de las Farc.
“Yo nunca tuve una comunicación”, respondió Mancuso al preguntársele sobre una conversación que habría sostenido vía telefónica con el entonces gobernador.
En uno de los puntos más importantes de la diligencia, confirmaron las fuentes consultadas, el exjefe de las AUC tampoco dio crédito a la versión sobre el apoyo logístico que habrían recibido los paramilitares por parte de los funcionarios de la Gobernación de Antioquia.
“No”, respondió Mancuso a la pregunta sobre la presencia de helicópteros de la Gobernación para ayudar al traslado de los paramilitares que ejecutaron la masacre.
Finalmente, señaló directamente a Carlos Castaño Gil de ordenar el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos, Jesús María Valle, registrado el 27 de febrero de 1997.
Para este viernes 4 de septiembre, a las 9 de la mañana, está programada la indagatoria al exmandatario en el búnker de la Fiscalía General, en el occidente de Bogotá.
En este caso, aún existe un conflicto de competencias elevado ante la Corte Constitucional para definir quién debe adelantar la investigación, si la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes o la Fiscalía General.