En medio de los vientos cruzados y la polarización en época electoral, el expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó un mensaje que llamó la atención y prendió las alarmas. Le habrían advertido: “Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda”.
El asunto va mucho más allá de una publicación de Uribe en redes sociales. SEMANA indagó y, al parecer, la Fiscalía está a punto de tomar una decisión de fondo en un viejo pero espinoso expediente, el de la masacre de El Aro y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
El asunto lleva décadas ante la Justicia. Ha pasado por la Corte Suprema –justamente en manos del magistrado César Reyes–, por la Comisión de Acusación de la Cámara y ahora regresó a la Fiscalía, donde ha tomado un nuevo aire.
El expresidente Uribe, por solicitud propia, fue escuchado en versión libre en 2023 y dio las explicaciones del caso. Sin embargo, este medio confirmó que la Fiscalía se estaría inclinando por llamar a indagatoria y vincular formalmente al expresidente Álvaro Uribe al expediente, aunque la última palabra no se ha dictado.
El asunto de fondo tiene que ver con declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien luego de pagar una condena de 18 años en Estados Unidos regresó al país y, a la usanza del Gobierno Petro, se convirtió en gestor de paz.
Ante la inminencia de una posible decisión, SEMANA se comunicó con Jaime Granados, abogado principal del expresidente Uribe, quien manifestó que no tenía conocimiento, pero fue radical al advertir que este tipo de medida y acusación no tiene fundamento. “Durante más de 20 años, sectores políticos adversos y ciertos operadores judiciales han tejido una red de acusaciones basada en rumores, testimonios de oídas y manipulaciones políticas”.
El asunto hace referencia a la masacre de El Aro, cometida en 1997; la masacre de La Granja, ocurrida en 1996, y el asesinato de Jesús María Valle, en 1998. En la inculpación participan testigos cuestionados, como Francisco Villalba Hernández –paramilitar ya fallecido y cuyo testimonio ha sido desestimado en otras instancias– y el mismo Salvatore Mancuso.
Sobre la masacre de El Aro, en la que aseguran que hizo presencia un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, el abogado Granados explicó que “las bitácoras de vuelo, los peritajes de la Aerocivil y testimonios de los pilotos de la Gobernación han demostrado técnicamente que ninguna aeronave oficial estuvo en la zona en las fechas y horas señaladas”.
Respecto al fallecido testigo Villalba, quien aseguró haber visto a Uribe en la zona, la defensa expuso que en las fechas señaladas el entonces gobernador se encontraba atendiendo agenda pública en Medellín y Bogotá, con testigos y registros oficiales. “Su relato es física y temporalmente imposible, un producto de la fábrica de testigos falsos”, afirmó Granados.
Sobre La Granja, en la que lo acusan de no haber protegido a la población de Ituango, aseveró el abogado Granados que “existen actas de consejos de seguridad en las que consta que Uribe solicitó al Ejército y la Policía reforzar la presencia en la zona, pero carecía de mando operativo sobre la fuerza pública”.
En cuanto a la muerte del defensor de derechos humanos Jesús María Valle —afirmó—, no existe ninguna prueba o vínculo directo del expresidente con este homicidio y los autores materiales fueron La Terraza y la casa de Carlos Castaño.
El asunto, explicó Granados, es que no hay ninguna prueba que señale a Uribe. De darse la teoría que parece venir, estaría amparada en la tesis del “contexto”. “Las acusaciones se basan en análisis de contexto sesgados porque solo observan la presencia paramilitar, ignorando la hegemonía guerrillera y el esfuerzo de neutralidad activa promovido por la Comisión de Paz departamental”.
Nuevamente, a pocas semanas de las elecciones, como ocurrió en 2018, la justicia podría ser adversa para el expresidente Uribe. Así lo advirtió en su publicación en redes: “Todo a semejanza de vísperas electorales anteriores. Y me agregan que, como no tienen pruebas en mi contra, a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mí contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó”.