El fiscal Álvaro León Polo tiene un proceso judicial en la misma Fiscalía que advierte sobre su presunta responsabilidad en presiones a testigos privados de la libertad para que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe.
Uno de esos testigos reveló las presiones y ofrecimientos que, supuestamente, habría hecho el fiscal Álvaro León Polo a cambio de obtener declaraciones en contra del expresidente. Estas revelaciones se plasmaron en dos denuncias que dieron inicio a una investigación formal en la Fiscalía.
“En el curso de esta investigación, radicada, la cual hoy se encuentra en la etapa de juicio (preparatoria), ha sido de un interés muy particular por parte del señor fiscal del caso, que ha insistido a mi defendido en declarar en contra de empresarios y/o del señor Uribe; prueba de ello consta en la indagatoria que más adelante se analizará y se anexa a la presente”, explica la denuncia.
En el expediente contra el fiscal Álvaro León Polo se incluyen declaraciones y documentos que revelan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las denuncias, con las supuestas presiones del funcionario a los testigos que se suponía tenían información que relacionaba al expresidente Uribe y a empresarios del departamento de Antioquia con grupos criminales.
“En múltiples ocasiones fue presionado para los fines antes descritos; de lo contrario, sería trasladado a un centro de reclusión en donde no se le ofrecerían las garantías de seguridad y de defensa. Garantías que se le solicitaron desde un principio al señor fiscal en esta investigación, pero, para sorpresa nuestra, como no se atendieron esas exigencias del señor fiscal, fue trasladado a la cárcel La Picota”, señala la denuncia.
Las declaraciones y versiones que se conocieron, sumadas al expediente contra el fiscal Álvaro León Polo, se recaudaron durante más de dos años de investigación en el despacho de una fiscal delegada ante el Tribunal de Bogotá, que concluyó en la presunta responsabilidad del funcionario en los hechos materia de investigación.
Los hechos fueron suficientes para que la fiscal que investigó a su colega tomara la determinación de citarlo a imputación de cargos por el delito de abuso de autoridad, tras advertir que los señalamientos son graves y que existe una inferencia de autoría o participación.
El fiscal fue citado a imputación de cargos en tres oportunidades; la última estaba prevista para este martes, pero la fiscal del caso fue notificada de una resolución firmada por Luz Adriana Camargo, jefe del ente acusador, en la que se le retira el proceso y se frena la imputación.
En la resolución de la fiscal Camargo se señaló que la titular del proceso tiene “numerosas” investigaciones disciplinarias y que, además, por los mismos hechos existen dos radicados y dos fiscales diferentes, lo que genera duplicidad en los esfuerzos investigativos de la Fiscalía.
“En paralelo, se observa que los hechos indagados por las fiscales 101 y 97 delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, sin que ellas se percataran siquiera de su duplicidad, son de indudable complejidad y demandan concentración para ser atendidos prioritariamente”, señala la resolución.
Como respuesta, la fiscal del caso remitió un comunicado al despacho de la jefa del ente acusador, en el que advirtió que se trata de “falsas motivaciones”, pues no es cierto que tenga “numerosas” investigaciones. Para respaldar su afirmación, compartió una certificación de la Comisión de Disciplina Judicial en la que se advierte que no tiene sanciones.
El expediente finalmente fue retirado del despacho de la fiscal y, por tanto, la imputación se estancó, tal como ocurrió con la anunciada imputación a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que también fue retirada con un argumento que resultó algo confuso para los expertos en derecho penal.