Toda una batalla judicial se ha desatado en los últimos días por el control de la EPS Coosalud luego de que la justicia ordenó suspender las resoluciones dentro del proceso de intervención y restablecer la entidad al estado en el que se encontraba antes de esa decisión administrativa del Gobierno Petro.
Pero en los últimos días se han conocido graves denuncias sobre unas supuestas jugadas y dilaciones que estarían realizando desde la Superintendencia de Economía Solidaria y la interventoría de Coosalud para, al parecer, incumplir con lo que ordenó el Tribunal de Bolívar.
Por eso el abogado Julián Quintana, defensa de Jaime González, quien era el representante legal de la EPS antes la intervención, anunció en sus redes sociales que en las últimas horas ha denunciado ante la Fiscalía y le interpuso una queja en la Procuraduría contra la supersolidaria María José Navarro por este caso.
“Denunciamos ante Fiscalía a la superintendente supersolidaria María José Navarro y radicamos queja ante Procuraduría por ser la arquitecta del desacato al fallo del Tribunal que ordenó restituir la EPS Coosalud a sus legítimos representantes legales. Pretende retenerla para entregarla a los aliados de Petro y prolongar su saqueo para campaña", dijo en su cuenta de X.
En una denuncia de 28 páginas que fue radicada en la Fiscalía General de la Nación detalla que Navarro, en su calidad de supersolidaria, habría desplegado una serie de acciones materiales y jurídicas para “obstruir el cumplimiento del fallo judicial”. Entre esas, dice Quintana, una persecución mediática y una narrativa con la que estaría buscando crear “maniobras dilatorias para incumplir lo ordenado” por la justicia.
El documento también explica que desde el pasado 17 de abril, la funcionaria habría sembrado dudas sobre quien sería el habilitado para recibir la administración, al parecer, también demostró ánimo de atribuirse funciones que no son propias de su cargo y supuestamente acudió a maniobras que vulneraron el orden constitucional.
Esas mismas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Procuraduría para que investiguen si Navarro pudo incurrir en alguna falta disciplinaria dentro de su función. Este proceso contra la superintendente solidaria arrancó un día después que también fue denunciado el interventor de Coosalud, Jorge Suárez, por presuntamente negarse a cumplir la orden de devolver la EPS a sus representantes legales.
Este el nuevo round que tiene en la mitad a Ecosalud mientras la Procuraduría ha venido alertando que por lo menos cinco de las ochos EPS intervenidas por el Gobierno Petro, atraviesan por una crisis financiera y operativa que estarían causando una profundo deterioro del sistema de salud en Colombia.