Denuncian al interventor de Coosalud Jorge Suárez por supuesta omisión para devolver la EPS al representante legal

Una denuncia ante la Fiscalía y una queja disciplinaria en la Procuraduría acaba radicar el abogado Julián Quintana, exdirector del CTI, en contra del interventor de Coosalud, Jorge Orlando Suárez, por supuestamente negarse a cumplir la orden del Tribunal de Cundinamarca de devolver dicha EPS a su representante legal, Jaime González.

En un documento de 26 páginas, Quintana detalló a la Fiscalía que el 13 de marzo de este año, la Superintendencia Nacional de Salud nombró a Jorge Orlando Suárez como interventor suplente de la EPS Coosalud, pero un mes después el Tribunal de Cundinamarca suspendió varias resoluciones dentro de ese proceso y ordenó “restablecer las cosas al estado en el que se encontraban”.

Quintana explicó en la denuncia: “notificada la medida cautelar a COOSALUD EPS S.A. a través del canal institucional de notificaciones judiciales, cesaron ipso iure los efectos jurídicos de la intervención cuya existencia servía de fundamento a su calidad de agente especial interventor y, por ende, este dejó de fungir como representante legal de la sociedad”.

Así mismo, expuso que desde el momento de la notificación no era jurídicamente posible iniciar actos de administración, representación, convocatoria, contratación, disposición de recursos, direccionamiento institucional ni negocios jurídicos en nombre de la EPS, pues la orden era restablecer el estado jurídico al 22 de noviembre de 2024.

Sin embargo, el representante Jaime González y su abogado explicaron en la Fiscalía que el pasado 17 de abril, se hizo presente a las instalaciones de la EPS la junta directiva que quedó facultada tras la suspensión de los actos del Tribunal, lo que dejaría por fuera al agente interventor Suárez Burgos.

Pero Jorge Suárez les habría expuesto en horas de la tarde una comunicación de la SuperSalud en el que informaban que para cumplir con la orden judicial, se debía adelantar una diligencia de levantamientos provisional de la medida de intervención, la cual, debía contar con la “presencia del agente especial interventor”.

Quintana explicó que le aclaró a Suárez que dicho documento “no tiene un efecto vinculante en la diligencia de restablecimiento de la EPS”, teniendo en cuenta que dicha entidad no tendría competencia para condicionar o interpretar una orden emitida por un tribunal.

Pero con esta situación, dice la denuncia, el agente interventor se negó a entregar información y ordenó al equipo directivo y empleados de Coosalud, a que se abstuvieran de pasar cualquier tipo de información, condicionando la situación a una participación de la Superintendencia de Salud.

Horas más tarde, la Supersalud habría enviado otro documento en el que insistía que para cumplir la orden judicial, se debía adelantar diligencia de levantamiento provisional de la medida, con presencia del agente interventor o quien sea la persona designada por la asamblea de accionistas que tenga facultades para recibir la entidad.

La defensa del representante legal de la EPS explicó que esa actuación dejó en evidencia situaciones “dilatoria e innegablemente dañinas” que podrían desencadenar en una “extralimitación de funciones” que estaría buscando “detener y obstaculizar” el restablecimiento de la entidad.

Por eso Quintana terminó denunciando en la Fiscalía e interponiendo una queja en la Procuraduría contra el interventor Suárez, para que investiguen su responsabilidad en delitos como usurpación de funciones públicas, fraude a resolución judicial, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.