El Tribunal Administrativo de Bolívar, con ponencia del magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, suspendió la intervención forzosa de la EPS Coosalud en Cartagena que había dispuesto el gobierno Petro.
El fallo, conocido por SEMANA, ordenó a la SuperSalud suspender provisionalmente “la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar” esa EPS.
A pesar de la decisión, que data del 14 de abril, el abogado Julián Quintana aseguró a través de X que esa entidad incumplió este viernes esa orden.
“El gobierno de Gustavo Petro se niega a entregar la EPS Coosalud. Estamos en Cartagena y el interventor nos ha comunicado que la Supersalud le dió la instrucción de no entregar nada. Acudiremos a las instancias correspondientes para que cumplan la orden del honorable Tribunal”, dijo.
El gobierno @petrogustavo se niega a entregar la EPS @Coosalud_ . Estamos en Cartagena y el interventor nos ha comunicado que la @Supersalud le dió la instrucción de no entregar nada. Acudiremos a las instancias correspondientes para que cumplan la orden del honorable Tribunal.
— Julián Quintana (@julianquintanat) April 17, 2026
SEMANA intentó comunicarse con funcionarios de SuperSalud, para conocer las razones de esa medida, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de la publicación de esta nota.
¿Por qué el Tribunal ordenó suspender el control de la EPS por parte de la SuperSalud?
El Tribunal admitió las reclamaciones de la Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud S.A.S – Multiservicios OL S.A.S, el señor Jaime Miguel González Montaño y la señora Natalia Largo González quienes aseguraron que Supersalud había “incurrido en la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa”.
También, aseguraron que “la reiterada rotación de agentes interventores y la prolongación de la medida han configurado un perjuicio irremediable que afecta la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio público esencial de salud”.
Por ejemplo, evidenciaron que entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 fueron nombrados cinco interventores distintos, “situación que ha sido asociada por la opinión pública y los usuarios con una falta de continuidad gerencial, afectando la estabilidad administrativa de la entidad intervenida y el cumplimiento efectivo de los objetivos de laintervenció n”.
Además, el Tribunal tuvo en cuenta un pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación del 12 de marzo de 2026 en el que ese organismo estableció que la EPS presentó un deterioro mayor.
“A 31 de diciembre de 2025 llegaron a 107.252 las peticiones, quejas y reclamos, lo que significa un aumento de 32% en relación con las 81.072 Peticiones Quejas y Reclamos del año de la intervención (2024)”, dice la decisión del Tribunal.
Incluso, encontró la Procuraduría, hubo un “incremento del 21% en el número de acciones de tutela por asuntos relacionados con la prestación del servicio de salud, pasando de 16.771 en la vigencia 2024 (año de la intervención) a 20.216 al cierre de la vigencia 2025”.
Es más, ese organismo halló que en los estados financieros de noviembre de 2025, hubo un “deterioro financiero progresivo y profundo, reflejado en la caída de la liquidez”.
El dato más revelador es que “se presentó un incremento excesivo de las cuentas por cobrar, pasando de $66.188.188.195 que superan a los 180 días en el 2023 a $274.700.537.931 al cierre del 2024”.
“La estructura financiera perdió solidez, dado que el patrimonio entra en terreno negativo, pasando de $283.522 millones de pesos a - $859.167 millones de pesos, lo cual muestra señales claras de descapitalización y riesgo de continuidad”, estimó la Procuraduría.
Supersolidaria se pronunció
La Superintendencia de la Economía Solidaria se pronunció al respecto, y aseguró que “en el marco de dicha actuación se han realizado análisis técnicos y auditorías sobre la situación jurídica y financiera de la entidad”.
Esa entidad encontró que “se estructuró un macroinforme que describe una presunta arquitectura financiera, mediante la cual, entre 2019 y 2025, se habrían trasladado obligaciones económicas originalmente a cargo de la EPS hacia la cooperativa y otras estructuras relacionadas, con el propósito de ocultar deudas asociadas a la EPS”.
Este es el comunicado completo:
“La Superintendencia de la Economía Solidaria, en el marco de la intervención administrativa de Coosalud Cooperativa, informa que en el marco de dicha actuación se han realizado análisis técnicos y auditorías sobre la situación jurídica y financiera de la entidad.
Como resultado de los análisis, se estructuró un macroinforme que describe una presunta arquitectura financiera, mediante la cual, entre 2019 y 2025, se habrían trasladado obligaciones económicas originalmente a cargo de la EPS hacia la cooperativa y otras estructuras relacionadas, con el propósito de ocultar deudas asociadas a la EPS.
De manera general, el análisis identifica una dinámica en la que deudas con clínicas y proveedores habrían sido objeto de operaciones sucesivas —como compraventa de cartera, cesiones, pagarés en blanco y estructuras fiduciarias— que podrían haber permitido transformar pasivos en registros contables como inversiones o capitalizaciones, modificando así la forma en que se reflejaba la situación financiera.
Dentro de los hechos analizados se encuentran, entre otros:
• Presuntas simulaciones de compras de cartera por más de $55.000 millones de prestadores de salud.
• Contratos por más de $37.000 millones respaldados con la firma pagarés en blanco.
• La constitución de un patrimonio autónomo para reorganizar obligaciones con múltiples acreedores en la cual se identifican transacciones que podrían alcanzar los 90.600 millones de pesos.
• Y procesos ejecutivos superiores a $300.000 millones derivados de estas operaciones.
Adicionalmente, el macroinforme advierte una diferencia significativa en el Fondo de Aportes Sociales de los asociados, que debía registrar cerca de $15.000 millones y presenta un saldo sustancialmente inferior, lo que sugiere la posible utilización de estos recursos en operaciones relacionadas con la estructura descrita.
Igualmente, se identifican aspectos relevantes en la trazabilidad de recursos asociados a operaciones crediticias de alto valor, incluyendo un crédito por $221.000 millones, en el cual parte de los recursos no presenta una ruta claramente determinada dentro de la cooperativa, mientras otros fueron objeto de múltiples movimientos financieros hacia terceros.
En cumplimiento de sus funciones legales, la Superintendencia ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los hallazgos y soportes técnicos correspondientes, para lo de su competencia.
El macroinforme constituye un insumo técnico de análisis por parte de las autoridades y exige un examen riguroso, dado el impacto potencial sobre recursos destinados al sistema de salud y al patrimonio de los asociados".