Este martes, 21 de abril, la Contraloría General de la República reveló graves hallazgos fiscales por más de 69 mil millones de pesos en becas financiadas con recursos provenientes de las regalías en departamentos como Chocó y Magdalena.
De acuerdo con la información de este ente de control, estos dineros lo que buscaban era poder fortalecer el capital humano en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación, pero no cuentan con soportes que permitan verificar su ejecución ni los resultados prometidos.
“No existen constancias de estudio, listados de beneficiarios, soportes de los giros realizados ni informes técnicos o mensuales de ejecución, lo que impidió verificar el uso efectivo de los recursos públicos”, explicó la Contraloría.
Asimismo, precisaron desde la entidad que los sistemas de control interno fueron calificados como inadecuados porque encontraron ausencia de auditorías, entre otros aspectos que encendieron las alarmas.
“Se constató la ausencia de auditorías, la exclusión de los recursos de regalías de los procedimientos de seguimiento y la gestión de los proyectos sin procesos formales de control”, agregó la Contraloría.
Esto ha ocurrido en varias administraciones y son fallas que muestran el incumplimiento de los seguimientos que deben desarrollar las distintas oficinas para vigilar los recursos públicos.
“La continuidad de estos proyectos termina dependiendo de la memoria de los funcionarios, en lugar de apoyarse en procesos formales que aseguren trazabilidad, administración y transmisión del conocimiento”, señaló.
Según la Contraloría, en el departamento del Magdalena hubo un proyecto aprobado en 2013 con 29 mil millones de pesos y no tiene documentos que puedan verificar quiénes son las personas que se beneficiaron de estos estudios, pero lo que llama la atención es que tiene un avance financiero superior al 80 %.
“Ni la Gobernación del Magdalena, ni el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ni las universidades vinculadas aportaron documentación que permitiera verificar listados de beneficiarios, certificaciones académicas o evidencias de los programas financiados”, expresó.
Hasta la fecha han girado $28.210 millones, pero la Contraloría no pudo establecer esta trazabilidad y mucho menos comprobar que esas personas sí hayan llevado a cabo esos estudios.
Lo que pasa en el departamento del Chocó es aún más preocupante para las autoridades, pues un proyecto aprobado en 2012 por $41.608 millones tiene muchas irregularidades, así lo dijo la Contraloría. En esos hallazgos está la falta de evidencia sobre beneficiarios graduados, entre otros soportes vitales en este caso.
- Incumplimiento en la acreditación de beneficiarios graduados y sus productos académicos (tesis y ensayos).
- Ausencia de productos de apropiación social del conocimiento (artículos, libro y página web propia distinta a los repositorios de las universidades).
- Inexistencia de soportes en la formación complementaria de segunda lengua.
- Omisión en el deber de vigilancia y control por parte de la interventoría del proyecto (supervisión).
- Inexistencia de expedientes o unidades documentales constituidas como información oficial por parte de la gobernación del Chocó.
- Falta de seguimiento y control de los recursos asignados del sistema general de regalías – convenios y contratos.
- Inoponibilidad de la información por parte de la entidad ejecutora y la supervisión.
Asimismo, la Contraloría explicó que no encontraron registros o documentos que les permitan realizar una verificación de cumplimiento de la ejecución de estos dineros.
“No existen expedientes ni unidades documentales constituidas como información oficial por parte de la entidad ejecutora, lo que impide cualquier trazabilidad”, dijo.
De igual manera, no hay un principio de transparencia al no encontrar detalles de este contrato en el Secop.
“La información contractual no se encuentra debidamente reportada, lo que limita el seguimiento institucional y el control ciudadano”, señaló.
Desde la Contraloría General precisó que ya comenzaron las pesquisas para determinar responsabilidades fiscales de los funcionarios involucrados, pero también emitieron copias a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen desde lo penal.
“Se realizará un seguimiento permanente al uso de los recursos públicos y a la gestión de los responsables, verificando que estos hechos no se repitan y que la gestión pública se ajuste a los principios de transparencia, legalidad y eficiencia”, explicó el órgano de control.