La deuda es una de las mayores preocupaciones de la Contraloría General, de cara a la recta final del Gobierno, pues el país irá a las urnas en mayo para elegir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.
Por ello, la entidad de vigilancia tomó la temperatura a las finanzas públicas y al estado de la situación fiscal en el país, luego de lo cual lanzó varias y advertencias apremientes.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, puso el dedo en la llaga del que ha sido visto como uno de los mayores problemas que tiene Colombia en la actualidad y que será el gran desafío para el próximo gobierno: la situación fiscal.
En ese contexto, tras llevar a cabo un diagnóstico que evidencia las dificultades en las cuentas públicas, Rodríguez lanzó una función de advertencia al Ministerio de Hacienda para que explique lo sucedido con nuevos empréstitos adquiridos recientemente.
La argumentación del ente de control para anunciar esa decisión es “el incremento acelerado del endeudamiento, las condiciones financieras más restrictivas y la débil articulación entre gasto e ingresos están comprometiendo el equilibrio fiscal del país”, manifestó Rodríguez.
Con el panorama descrito, que no está para nada despejado, el funcionario recalcó que “el control fiscal no es un obstáculo”, como suele recibirse y rotularse. Por el contrario “es una garantía”.
De esa manera, fue enumerando uno a uno los comportamientos que ha tenido la deuda, la ejecución, la inversión, la contratación, tanto nacional como territorial, y el resultado en los ingresos.
Panorama complejo
El contralor puso en el debate la reiterada tendencia a la sobreestimación del recaudo tributario, lo que, a la larga, podría considerarse como el origen de las dificultades, pues si se gasta por encima del ingreso, la deuda siempre será la alternativa para financiar al Estado, lo que puede llegar a ser insostenible.
Así, Rodríguez explicó que el ingreso efectivo alcanzó $ 271,9 billones en 2025, mientras que la meta prevista era de $ 304,8 billones.
“Este desvío refleja debilidades en los supuestos macroeconómicos y en la programación fiscal. El Plan Financiero 2026 ajustó a la baja la meta de ingresos en $ 26,5 billones respecto al presupuesto aprobado: una corrección necesaria, pero tardía. Este patrón —planear con optimismo, ejecutar con restricción y ajustar tarde— debe romperse”, manifestó Rodríguez en su discurso.
El gasto sí se hace
A la Contraloría le resulta preocupante que el gasto, sin que se tengan los ingresos suficientes, sí se ejecute con la debida celeridad, pues ese rubro alcanzó casi una ejecución total, de 99,1 %, mientras que la inversión no solo quedó rezagada en 2025, sino que va en la misma dirección en lo que va de 2026.
“Del gasto se comprometió casi la totalidad del presupuesto, pero de la inversión se ejecutó apenas en un 64 %. El funcionamiento y el servicio de la deuda sí mostraron altos niveles de ejecución”.
Y resulta que la inversión es lo que más directamente incide en el crecimiento económico y en el bienestar ciudadano.
Contundentes cifras
Rodríguez dejó al auditorio pensando, luego de exponer muchas cifras que motivan al análisis. Algunos de los participantes hablaban de la contundencia del informe, en el cual ya se puso el foco en lo que está sucediendo en el primer bimestre de 2026 y que indica que no hay una intención de corregir el camino.
Así, “los recursos de crédito recaudados en el presupuesto ascendieron a $ 40 billones, mientras que los ingresos tributarios alcanzaron $ 49,2 billones. Esta proporción evidencia una elevada dependencia del financiamiento desde el inicio del año”, enfatizó Rodríguez.
Tres riesgos apremiantes
Durante la intervención del contralor, este enfatizó tres riesgos apremiantes, además del de la deuda. Por ejemplo, Rodríguez habló de la alta concentración de la contratación directa y del endeudamiento territorial, alrededor del cual también hizo un llamado a los concejos y asambleas. “Endeudarse es normal, gastar es normal, pero se requiere priorizar el gasto”.
Por ello, dentro de los riesgos apremiantes, el contralor puso el foco en la contratación, pues en el caso de los que están relacionados con el funcionamiento, donde puede haber posibles vinculaciones laborales para pagar favores, pasaron de $40,3 billones en el 2024 a $57,7 billones en el 2025, es decir, un incremento del 43,17 %.
Lo peor es que la mayoría, el 62 % en promedio se hizo a través de la modalidad de contratación directa, conocida coloquialmente como “a dedo”.
Inclusive, en la inversión, también primó la contratación directa: 68 % se hizo a través de dicha modalidad.