Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), seguirá siendo el testigo clave de la Fiscalía General en los procesos que se adelantan por el entramado de corrupción en esa entidad.
Así lo determinó un juez de control de garantías que prorrogó por un año el principio de oportunidad del exfuncionario, hecho por el cual seguirá declarando como testigo de la Fiscalía General en los procesos penales.
Con esta decisión, cesa por un año la persecución penal contra López por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso.
En su matriz de colaboración conocida por SEMANA, el exdirector de la UNGRD entregó una lista de 23 personas que habrían participado en el desvío de millonarios contratos de la entidad.
En la lista se encuentran exministros del Gobierno Petro, excongresistas de diferentes vertientes políticas y exfuncionarios de la UNGRD y de otras entidades; así como empresarios y particulares.
En la lista se destacan los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes ya fueron acusados ante la Corte Suprema de Justicia; así mismo, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidenci, Carlos Ramón González Merchán (actualmente prófugo de la justicia), así como el exasesor Jaime Ramírez Cobo, en contra del que pesan serios señalamientos.
López Martínez señaló, por medio de su defensa, que mantiene su compromiso de ser testigo y aportar información verídica en los procesos penales.
Igualmente, ratificó su compromiso de adelantar módulos de capacitación de modelos de negocios sostenibles para las comunidades indígenas en el departamento de La Guajira.
En el preacuerdo, el exdirector de la UNGRD aceptó su participación en varios cargos relacionados con el desvío y la adjudicación de millonarios contratos de obra e interventoría para benefiiciar a un grupo de empresarios y congresistas.
Igualmente, el exfuncionario reconoció su participación en las irregularidades que rodearon la celebración y ejecución del millonario contrato para compra de 40 carrotanques que tenían como objetivo llevar agua potable a varias regiones del departamento de La Guajira.
Estos vehículos presentaron millonarios sobrecostos. Igualmente, nunca cumplieron el objetivo puesto que carecían de los requerimientos técnicos, por lo que terminaron parqueados oxidándose.