Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, radicó por medio de su apoderado una denuncia en contra del presidente Gustavo Petro por los delitos de injuria, calumnia, abuso de autoridad y omisión de denuncia.
En la acción judicial, radicada ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (que juzga e investiga al presidente en ejercicio), se señala que Petro ha hecho diferentes señalamientos en ruedas de prensa, consejos de ministros, entrevistas a medios y publicaciones en X en contra de Marín Buitrago.
Estas afirmaciones, sostiene el documento radicado por el abogado Nelson Antonio Lorea Arango, se han hecho “sin el amparo de la presunción de inocencia en contra del señor Diego Marín Buitrago, entre otras afirmaciones, que guardan relación estricta de confidencialidad por el derecho de reserva y que son objeto de investigaciones de carácter penal”.
El pasado 10 de julio, en un extenso mensaje en su cuenta de X, el presidente Petro reaccionó a la noticia de la reactivación de la circular roja en contra de Marín Buitrago, quien se encuentra en Portugal y es requerido por las autoridades colombianas desde hace más de dos años.
“La Fiscalía General de la Nación cuando Papá Pitufo estaba preso no envió la orden de captura y no la envió porque el nuevo proceso que inició de conductas delictivas fue a partir del año 2023, cuando llevaba delinquiendo 38 años; es solo por 7 millones de pesos de desfalcos y eso no da cárcel” (sic), señaló el jefe de Estado.
“Conozco la razón, de la que hablaré mañana”, concluyó.
Aunque aseguró en esa oportunidad que iba a entregar más información, no realizó ninguna otra publicación con respecto al llamado Zar del Contrabando.
El 13 de noviembre de 2025, la Fiscalía General acusó a Diego Marín Buitrago por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos a funcionarios).
En la formalización del escrito de acusación se señala que Marín Buitrago sobornó a oficiales y suboficiales de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) que hacían presencia en los puertos de Barranquilla y Cartagena.
Esto con el fin de que omitieran los controles y permitieran el paso de los cargamentos de contrabando.
“Se verifica la existencia de esa organización jerarquizada donde cada miembro tenía sus roles definidos; el de Diego Marín Buitrago como líder o brazo financiero a nivel nacional, era quien definía y autorizaba la forma de operar dentro de esta red criminal, así como la persona que directamente o a través de terceros entre pegaba dinero o bienes con el propósito de coaptar a los servidores públicos para la comisión de delitos de contrabando y limitación del contrabando (sic)“, enfatizó la fiscal en esa audiencia.
“La expectativa de realización de esas operaciones de contrabando o el ingreso ilegal de mercancía en el país, como también los pagos y dádivas entregadas, permite inferir que se afectaron múltiples bienes jurídicamente tutelados como el orden económico social, la seguridad pública y la administración pública”, cuestionó la fiscal.
“La Fiscalía indica que Diego Marín Buitrago actuó con dolo porque para el momento de los hechos tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, sabía que un pacto de esa naturaleza constituía un delito y determinarse de acuerdo con esa comprensión decidió voluntariamente promover y financiar la red delincuencial para ingresar mercancía irregularmente por el puerto de Cartagena (…) donde justamente habían coaptado funcionarios de la Polfa y por ello conocía la magnitud de la criminalidad establecida en esos territorios queriendo el resultado que se produjo en la materialización de pago de dádivas y coimas a servidores públicos para que se omitieran controles o ejercieran funciones contrarias a sus deberes oficiales”, concluyó la acusación.