En un extenso y detallado documento de 45 páginas enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quedó registrado el grave panorama electoral en Colombia. En varias regiones del país, enfatiza, los grupos armados ilegales han amenazado e intimidado a la población civil para que no ejerza de manera libre y voluntaria su derecho al voto.

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La situación se agravó considerablemente en la antesala de la primera vuelta presidencial, a finales de mayo, cuando las amenazas e intimidaciones por parte de estas estructuras ilegales estuvieron dirigidas a que se votara por un candidato en específico.

A esto se le suma la posición del presidente de la República, Gustavo Petro y el candidato Iván Cepeda Castro de desconocer los resultados electorales, creando así un discurso de deslegitimación sobre las autoridades oficiales.

“Estas situaciones comprometen los derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”, resalta el documento, firmado por la firma de abogados Víctor Mosquera Marín y la Fundación Derechos y Justicia Asociados.

En el informe se le advierte al organismo internacional que no se puede perder de vista que existe una constante vulneración a derechos protegidos por la Constitución Política de Colombia y tratados internacionales.

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Presión de grupos armados

En uno de los acápites, se enfatiza que en las elecciones del pasado 31 de mayo, los resultados oficiales demostraron una considerable votación a favor del candidato Iván Cepeda en regiones donde existe un control territorial por parte de los Grupos Armados Organizados, los denominados GAO.

“Los resultados electorales evidencian que en el suroccidente del país y las áreas de mayor vulnerabilidad operaron como el eje determinante de esta concentración de votos”, resalta el informe adicional sobre ‘violencia electoral en Colombia 2025-2026′ enviado a los comisionados de la CIDH.

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“De hecho, en departamentos históricamente atravesados por la conflictividad armada tales como Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, así como la región Pacífica, la frontera colombo-venezolana y la Amazonía, se registró una victoria de la candidatura del Pacto Histórco, partido de Gobierno”, añade.

Por esto, se indica que existió una injerencia de estos grupos armados ilegales en los resultados que se presentaron.

La sede de campaña en Bogotá de la Candidata Paloma Valencia y su fórmula Vicepresidencial Juan Daniel Oviedo fue vandalizada en medio de una movilización que avanzó por la carrera séptima de la capital. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

“El análisis reveló que la candidatura de Iván Cepeda Castro obtuvo el 100% de los sufragios en 218 mesas de votación en las denominadas ‘zonas rojas’, equivalente a más de 15.500 votos unánimes, de los cuales 168 se encuentran en municipios que pertenecen a Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lugares donde las disidencias de las Farc y el ELN ejercen un control territorial”, cita el documento.

Estas presiones son una clara vulneación a la libertad de expresión y el derecho al voto. A lo que se le suman las constantes intimidaciones en contra de la integridad de las personas que no cumplan con las órdenes de votar por el candidato que establecieron.

Participación política del presidente Petro

En medio de este grave panorama se suman los continuos mensajes del presidente Gustavo Petro en una clara intervención en política, cuestionando a varios candidatos y haciéndole alusiones directa a Iván Cepeda.

Esto pese a que la Constitución Política le prohíbe la participación política. “Estas conductas fueron objeto de respuestas por parte de diversas instituciones estatales”.

“Así mismo, la Defensoría del Pueblo realizó un llamamiento oficial al Presidente para que se abstuviera de inferir en política y la Comisión de Acusaciones de Representantes abrió múltiples investigaciones penales. No obstante, el Presidente de la República persistió en seguir realizando este tipo de publicaciones”, indicó.

Desconocimeinto de los resultados de primera vuelta

En otro de los apartes del informe se citan las continúas declaraciones y mensajes publicados en sus redes sociales por parte del presidente Gustavo Petro que desconoció los resultados emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en la primera vuelta.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, publicó Petro en su cuenta de X en la noche del 31 de mayo, pocos minutos después de que se informara que se habían escrutado el 100 por ciento de las mesas. En su mensaje cuestionó la idoneidad de empresa encargada de hacer el conteo.

Este tipo de mensajes eran de vieja data, puesto que el jefe de Estado ya había cuestionado tanto a la empresa como a la Registraduría Nacional y el CNE en las elecciones del 8 de marzo, en las cuales se eligió al nuevo Congreso de la República.

“En el sentido, el candidato Iván Cepeda Castro se abstuvo de reconocer los resultados de la primera vuelta durante siete días, reconciéndolos finalmente el 7 de junio de 2026, sin que dicho reconocimiento subsnara la desconfiana intitucional que se ha generado durante este periodo”.

Ataques a la oposición

Finalmente, se advierte que el presidente Gustavo Petro, el candidato Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quiqué, han enviado varios mensajes calumiosos e injuriosos en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y varios representantes de la oposición al actual Gobierno.

Este tipo de mensajes han motivado los ataques personales e intimidaciones, muestra de esto fue el ataque a la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el municipio de Rionegro (Antioquia), así como los ataques a la sede de campaña de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá.

Este es el informe enviado a la CIDH