Gustavo Petro se pronunció, sin mencionar su nombre, en el intenso debate jurídico y político alrededor de si Iván Cepeda puede ir o no a la consulta del 8 de marzo. “Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidista, no fue sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas, o sus fusiones de manera libre y garantizada. Hasta el acuerdo de paz se centró en permitir la participación política”, aseguró.
El presidente sostiene que “el Consejo Nacional Electoral en su mayoría no solo intentó inconstitucionalmente dar el golpe de Estado contra el presidente, sino cerrar las puertas de la participación a la principal fuerza política de Colombia”.
El primer mandatario se refiere a la decisión que está a punto de tomar ese organismo. Se espera que esta se conozca el lunes y defina si el candidato, líder hoy en las encuestas, sí se puede medir en la consulta del Frente por la Vida, en la que también están el exembajador Roy Barreras, el exgobernador Camilo Romero y en la que también existe una dura polémica por el interés de Daniel Quintero (o el de su esposa, Diana Osorio) de participar.
Iván Cepeda inscribió su candidatura el pasado martes 27 de enero ante la Registraduría. El problema jurídico es el siguiente. Si la consulta de octubre pasado se considera interpartidista, él ya no podría participar, pues nadie puede estar en dos procesos de esa misma naturaleza y se entiende que el mandato de sus votantes en octubre fue que llegara como candidato a la primera vuelta.
El debate surge por la siguiente razón. La consulta fue solicitada el año pasado por tres partidos políticos: la Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Partido Comunista. La participación de esas tres fuerzas políticas la convertía en una consulta interpartidista. Sin embargo, la UP y el Partido Comunista enviaron una carta al Consejo Nacional Electoral el 22 de octubre, es decir, solo cuatro días antes de las votaciones, en la que decían que renunciaban a la consulta. Esa movida jurídica tenía un fin: convertir una consulta interpartidista en una partidista.
El problema es que jurídicamente había un tiempo para hacer esa solicitud de renuncia y ese plazo se vencía un mes antes, el 26 de septiembre. Por esa razón, para la mayoría de los juristas la renuncia fue ineficaz y la consulta fue interpartidista.
El debate tiene una complejidad adicional. Y es que, en ese momento, el Pacto Histórico no tenía personería jurídica. Y ese es el argumento que esgrime hoy el presidente Petro para recriminarle a ese organismo lo que él expresa como “cerrar las puertas de la participación a la principal fuerza política de Colombia”.
Para ese entonces, varios partidos de izquierda habían solicitado ante el CNE que se les reconociera la personería jurídica en cabeza del Pacto Histórico. Sin embargo, como explicó en su momento a SEMANA el exregistrados Juan Carlos Galindo, “varias de las agrupaciones políticas que formularon la petición no cumplían con las exigencias legales; unos no cumplieron con sus normas estatutarias y otros tenían procesos sancionatorios en curso. En esas condiciones, el Consejo Nacional Electoral le otorgó una personería jurídica sometida a una condición, que no tuvieran investigaciones sancionatorias. Quiere decir lo anterior, que mientras subsistieran esos procesos sancionatorios, no se le reconocía la personería jurídica”. El pasado mes de diciembre, después de realizada la consulta, el CNE finalmente le reconoció al Pacto Histórico su personería jurídica.
La decisión del CNE de la próxima semana tiene la mayor trascendencia. En términos políticos, la participación de Iván Cepeda en las consultas tiene un enorme impacto y significado. Hay varios factores. El primero es que el deseo de la izquierda es poder consolidar un único candidato para la primera vuelta y, con Cepeda por fuera, llegarían divididos, pues al que gane la consulta le tocaría ir a esa votación, ya que el resultado es obligatorio. El segundo es que la izquierda busca medirse ese día y ganarle a la Gran Consulta por Colombia, que agrupa a los candidatos de la centroderecha, y a la consulta del centro, si esta llega a concretarse, como hasta ahora van las cosas.
Por otro lado, también existe un factor económico. El CNE tomó la decisión este año de fijar en $8.287 el valor que recibirán las campañas por reposición de votos. La cifra que recogerían en marzo no es poca si se tiene en cuenta que la izquierda sacó en la consulta en octubre, en un día electoral frío, cerca de 2.715.212 votos y que esa cifra en marzo debería ser superior, pues coincide con las elecciones parlamentarias.
La publicación de Gustavo Petro este domingo se dio por un trino que escribió el exjefe negociador del proceso de paz, Humberto de la Calle. De la Calle, uno de los juristas más reputados del país y quien fue ministro de Gobierno cuando se expidió la Constitución de 1991, aseguró que sería un “inmenso error” dejar por fuera a Cepeda de esa carrera en marzo y que eso, además, lo catapultaría a la victoria.
“En lo jurídico, al examinar la norma que prohibiría a Cepeda ir a la consulta y contrastarla con los hechos, no es descabellado concluir que al menos hay una duda razonable. En lo político sería un inmenso error. Lo convertiría en víctima, se impulsaría la idea de que es una maniobra antidemocrática de la oligarquía, se crearía un ambiente del tipo 19 de abril, llenaría de votos a Cepeda, hasta ganaría en primera vuelta. Y si en segunda vuelta perdiese, dejaría un manto de duda muy pernicioso, aunque la decisión fuese finalmente correcta. A Cepeda hay que derrotarlo, pero con la mayor limpieza electoral. Déjenlo jugar. Y si gana también limpiamente, hay que reconocer su triunfo”.
El presidente agita la Constituyente
En el mismo trino, el primer mandatario aseguró que “el comité de las firmas para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente se reunirá conmigo para otorgar las garantías de su acción legítima para la recolección de las firmas. El ejercicio del poder constituyente del pueblo, a través de una asamblea que apruebe el Nuevo Congreso, se debatirá a partir del 20 de julio y pasará su discusión al nuevo gobierno de Colombia”.
Agregó que “creo que la necesidad de reformar instituciones para ponerlas al servicio del pueblo y de garantizar con actos legislativos votados en esa magna Asamblea, elegida por el pueblo, los derechos fundamentales de la gente, se pone al orden del día, y es esencial para la justicia y la paz de Colombia. Desde mi visión, creo que Colombia y toda América deben enfocarse al objetivo de consolidar un gran pacto por la vida, que logre la paz y el progreso para todas las sociedades”.