SEMANA conoció el documento que el 5 de diciembre del año pasado, la Procuraduría General de la Nación le envió al senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, confirmándole la revocatoria “de oficio” de los fallos de primera instancia y de segunda instancia que dictaron una sanción disciplinaria en su contra, por el escándalo que protagonizó en Cartagena.
El documento, que aparece firmado por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explica que la “revocatoria directa oficiosa” en este caso se presentó al “haberse quebrantado la ley disciplinaria y, en consecuencia, vulnerado al sancionado los postulados fundamentales al debido proceso y a la defensa”.
Pero tres meses después de esa decisión, apareció el Consejo de Estado avalando la suspensión provisional de seis meses contra el congresista reelecto para el próximo periodo legislativo, a pesar de que el procurador general ya le había revocado dicha sanción disciplinaria.
Álex Flórez fue suspendido por la Procuraduría por seis meses después de que protagonizó un capítulo bochornoso con agresiones e insultos contra varios uniformados de la Policía que realizaban un procedimiento en un hotel en Cartagena, Bolívar.
Sin embargo, el Consejo de Estado no habría sido notificado de la revocatoria que en diciembre del año pasado firmó el procurador Eljach en este proceso, y terminó dejando en firme una decisión que no existe y que desde varios sectores políticos han pedido que se aplique contra el senador Flórez por su capítulo en la ciudad amurallada.
La situación sin resolver
SEMANA se contactó con varias fuentes dentro del proceso para entender el enredo que se estaría dando en estos momentos entre el Consejo de Estado y la Procuraduría por este caso. Explicaron que la ley faculta al procurador general para revocar en cualquier momento un fallo de un subalterno, cuando, por razones de forma o fondo, hay errores del funcionario y así se evita un daño mayor.
Así mismo, detallaron que el Consejo de Estado tiene un control automático sobre los fallos de la Procuraduría contra funcionarios públicos de elección popular. Flórez tendría hasta el 14 de abril para apelar el fallo que avaló su sanción y, al parecer, el alto tribunal nunca habría sido notificado de la revocatoria de la suspensión.
Esa situación ahora deberá ser aclarada por la Procuraduría y el Consejo de Estado, pues este capítulo se ha presentado pocas veces en la historia judicial del país, y por ende, se deberá definir si prevalece la decisión del alto tribunal o queda en firme la decisión que el ente de control tomó en diciembre del año pasado.