El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña, se refirió al proceso constituyente que se promueve en el país.
El tema fue objeto de reflexión durante el Congreso de Naturgas, en el que el sector ha pedido la necesidad de que el país tenga seguridad jurídica para garantizar, entre otras, la seguridad energética.
Montaña aseguró que, por su cargo, no puede dar detalles de lo que piensa jurídicamente del proyecto que se está promoviendo. Pero aseguró que no cree que exista en el país el bloqueo institucional del que se habla como principal argumento para promover esta idea.
“En la Constitución nuestra, como en la mayoría de las constituciones, hay un sistema de pesos y contrapesos en un Estado democrático. Una cosa es que se active ese sistema de pesos y contrapesos, y otra cosa muy distinta es que se genere un bloqueo institucional”, dijo.
El presidente del Consejo de Estado aseguró que “un proceso constituyente está concebido en nuestra Constitución para situaciones que no pueden lograrse con reformas constitucionales”.
¿A qué se refiere? A que, “cuando no se pueden producir reformas constitucionales vía actos legislativos o cuando se quiere hacer un cambio estructural del Estado, existe un proceso constituyente. ¿Se necesita?, o ¿hacia dónde apunta el proceso constituyente? Yo no he leído ni estudiado en detalle la constituyente que se nos propone, pero lo que sí pongo de presente es que hay muchas situaciones que perfectamente son viables a través de una reforma constitucional vía actos legislativos”, dijo.
“Lo que sí me parece preocupante y quisiera señalar, insisto, con Constitución en mano, es que cuando se plantea una constituyente debe haber un rumbo claro. Y yo no veo un fundamento o una razón de por qué activarla”, sentenció.
“Cuando la solución a todo se vuelve reformar la Constitución, pues estoy de acuerdo con ustedes de que eso no es así”, aseguró Montaña.
“Cuando la constituyente se vuelve la solución mágica a todo, se está volviendo un fetiche”, remarcó.
Las otras voces del ‘no’ a una constituyente
El magistrado Nicolás Yepes, de la sección tercera, también dio su visión del tema en el mismo debate:
“Yo tengo un rotundo no. Las reformas constitucionales no pueden ser episódicas, no pueden obedecer a intereses políticos o ideológicos particulares, sino que deben obedecer a necesidades estructurales y sociales. Entonces, en la medida en que eso no exista, no hay justificación”.
El togado recordó unas palabras del fallecido jurista Hernando Yepes, quien decía que las constituyentes no pueden ser expresión de motivaciones políticas o de afanes ideológicos, sino objeto de un detallado análisis, reposado y meditado.
Por su lado, la abogada María Teresa Jaramillo, quien participó en el Constituyente de 1991, aseguró que “una asamblea nacional constituyente hoy puede significar un rediseño institucional que no me parece conveniente en este instante”.
Incluso, sentenció: “Les suplicaría, me arrodillaría, para que entiendan que la Constitución de 1991 forma parte de un proceso democrático. Es una Constitución legítima. Tiene ese ingrediente maravilloso de que es producto de consensos”.
A su turno, Luis Guillermo Vélez aseguró que el país debe distinguir entre un bloqueo institucional y el funcionamiento normal de un país: “Lo que hay hoy es una situación en la cual el sistema de pesos y contrapesos está funcionando”.
Recordó que Gustavo Petro ganó con el 52 % y que nunca tuvo la mayoría del Congreso. Eso generó, a su juicio, que se activaran esos pesos y contrapesos.
“Si gana el proyecto de la asamblea constituyente, todo lo que se pide en Colombia en este momento en este foro no va a pasar. Es un proyecto para crear un proyecto institucional que favorece el autoritarismo”, aseguró por su lado Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política.
Haciendo referencia al Gobierno Petro, sentenció: “Les incomoda la independencia del Banco de la República y algo que es más grave: quieren cambiar el modelo económico”.