El pasado 20 de abril, el Juzgado octavo de ejecución de penas de Bogotá recibió una solicitud firmada por la defensa de David Eduardo Helmut Murcia Guzmán.
En el memorial firmado por la apoderada se pedía el “reconocimiento de sentencia extranjera” en referencia al proceso penal que se le adelantó en Estados Unidos a su defendido.
Por esto pidió la “extinción de la pena” y la libertad inmediata del llamado cerebro de la captadora DMG, que se encuentra en la cárcel La Picota, de Bogotá, cumpliendo una condena de 30 años de prisión por los delitos de captación masiva y lavado de activos.
En los últimos años, Murcia Guzmán ha reclamado mediante acciones de tutela y solicitudes de revisión lo que considera una vulneración constante del debido proceso, aseverando que ha sido condenado dos veces por los mismos delitos, situación que está prohibida por la Constitución Política.
En este sentido, citó que cumplió una condena de nueve años de prisión en Estados Unidos tras aceptar los cargos por los que se había solicitado en extradición, entre estos, el lavado de activos.
En octubre de 2025, le envió una carta el presidente Gustavo Petro en la que solicitó que se le otorgara un “indulto humanitario” puesto que lleva 17 años privado de su libertad.
“Acudo a la figura de indulto humanitario como única vía para recobrar mi libertad y comenzar un camino de apoyo y trabajo social con miles de personas que confiaron en mí y hoy se sienten desamparadas. Después de 17 años, el Estado colombiano no ha sido capaz de devolver su dinero cargado en las tarjetas prepagadas como clientes de DMG”, enfatizó Murcia Guzmán en la misiva.
El “cerebro” detrás de DMG —intervenida por el Gobierno en noviembre de 2008— ha señalado que ya cumplió las tres quintas de su pena, además de realizar actividades de estudio y de trabajo. Sin embargo, estas acciones no le han permitido obtener una libertad condicional.
“Fui perseguido, acusado de lavar dinero a la guerrilla colombiana, a narcotraficantes, a paramilitares y otras calumnias, pero finalmente, no tenía ninguna prueba para ello, porque no era verdad. Me acusaron de captación ilegal masiva de dinero, como delito subyacente, desconociendo que los clientes tarjetahabientes hacían sus recargas como ‘anticipo de compra de bienes, productos o servicios’”, manifestó en su petición al jefe de Estado.