SEMANA conoció en su totalidad un documento de ocho páginas firmado por David Eduardo Helmuth Murcia Guzmán, en el que le pedía al Gobierno de Gustavo Petro que le otorgara un “indulto humanitario”, puesto que consideraba que estaba privado injustamente de su libertad.
En el documento, fechado el 8 de octubre de 2025 y enviado al entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el “cerebro” de la captadora DMG manifestaba que era un “preso político” que ya había cumplido una condena en los Estados Unidos.
“Acudo a la figura de indulto humanitario como única vía para recobrar mi libertad y comenzar un camino de apoyo y trabajo social con miles de personas que confiaron en mí y hoy se sienten desamparadas. Después de 17 años, el Estado colombiano no ha sido capaz de devolver su dinero cargado en las tarjetas prepagadas como clientes de DMG”, enfatizó Murcia Guzmán.
Pese a las condenas que existen en su contra y las sanciones emitidas en los últimos años, el creador de la captadora DMG defendió el trabajo que hizo junto a sus socios desde el año 2005, beneficiando a muchísimos colombianos.
“Este modelo de negocio hizo mucho ruido en los grandes capitalistas del país, porque, como todos sabemos, los bancos tienen dinero ‘nominal’ y existió una competencia con las tarjetas prepagadas DMG, donde nuestros clientes ponían su dinero para las compras que iban a necesitar”, aseveró.
En otro de los apartes de la petición manifestó que, por el éxito de su empresa, que alcanzó a tener 400.000 clientes, empezó una persecución en su contra, hasta el punto de que todos sus socios fueron detenidos y DMG fue intervenida por el Gobierno como nunca había ocurrido.
“Fui perseguido, acusado de lavar dinero a la guerrilla colombiana, a narcotraficantes, a paramilitares y otras calumnias, pero finalmente, no tenía ninguna prueba para ello, porque no era verdad. Me acusaron de captación ilegal masiva de dinero, como delito subyacente, desconociendo que los clientes tarjetahabientes hacían sus recargas como ‘anticipo de compra de bienes, productos o servicios’”, manifestó.
En este punto mencionó al abogado Abelardo de la Espriella, quien fue su apoderado tras su detención en Panamá el 19 de noviembre de 2008 y durante las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Para Murcia Guzmán, no fue asesorado de la manera correcta. Posteriormente, renunció a su representación pese a la suma de dinero que le había consignado.
“La vida me dio un giro de 180 grados, cuando el día de la audiencia de control de garantías, el abogado (Abelardo) de la Espriella, sin decirme nada, sin verificar nada, sin someter a peritaje las supuestas pruebas, sin analizar nada, cuando la Fiscalía le ‘enseñó’ (solo le mostró) un paquete de supuestas pruebas contables que tenía en mi contra, renunció sin mediar palabra, sin preguntarme, sin darme el beneficio de la duda, sin analizar la documentación, sin permitirme la presunción de inocencia, sin ejercer una sola prueba técnica”, reseñó
Finalmente, aseguró que él ya cumplió una condena por delitos relacionados con el lavado de activos en los Estados Unidos, al cumplir una sentencia de 113 meses privado de su libertad, para luego ser deportado.
“Esperaba que a mi regreso se me concediera la aplicación del non bis in idem, en igualdad de derechos con los otros procesados, porque fui juzgado y condenado dos veces por los mismos hechos; sin embargo, me fue negado, dejando en evidencia que yo nunca he tenido derechos y que se me han vulnerado todas mis garantías constitucionales y procesales”, alegó.
Murcia Guzmán se encuentra actualmente en la cárcel La Picota, de Bogotá, cumpliendo la sentencia que le ratificó la Corte Suprema de Justicia por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
Tras preguntar en el Ministerio de Justicia, donde recientemente se registró la designación de Jorge Iván Cuervo como nuevo jefe de la cartera, indicaron que se iba a revisar el estado de la mencionada situación.