SEMANA conoció en primicia el auto por medio del cual el Juzgado octavo de ejecución de penas de Bogotá ordenó recaudar pruebas y soportes para definir la solicitud de libertad condicional elevada por David Murcia Guzmán.
Uno de los principales requerimientos del juzgado tiene que ver con el tiempo en el que David Murcia Guzmán estuvo recluido en la cárcel de Valledupar, la conocida Tramacúa, a la cual fue trasladado en abril de 2019 tras ser deportado a Colombia por las autoridades de Estados Unidos.
“Se dispone por el centro de Servicios Administrativos oficiar a la dirección de ejecutiva seccional de administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura, solicitando que en el término de la distancia, se adopten todas y cada una de las medidas necesarias para que se habilite un medio de transporte físico a través de cual remitir la presente causa desde la ciudad de Valledupar (Cesar) a esta ciudad capital, informando a este juzgado el resultado de dicha gestión”, señala el oficio.
El pasado 21 de abril, como lo reveló en exclusiva SEMANA, la defensa del “cerebro” de la captadora DMG pidió el “reconocimiento de sentencia extranjera”, en referencia a los nueve años de prisión que pagó en Estados Unidos después de aceptar los cargos por los que fue solicitado en extradición en el año 2010.
Por esto, solicitó la “extinción de la pena y libertad inmediata” de Murcia Guzmán, que actualmente se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá, cumpliendo una condena de 22 años de prisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de captación masiva ilegal y lavado de activos.
El juzgado ha registrado, desde 2022, seis solicitudes de libertad por parte de Murcia Guzmán (19 de septiembre de 2022, 29 de mayo de 2023, 8 de diciembre de 2025, 9 de febrero, 9 de marzo, 20 y 23 de abril de 2026).
Murcia Guzmán, quien ya lleva 17 años privado de su libertad, ha reclamado mediante varias acciones judiciales la vulneración de sus derechos al debido proceso por ser condenado dos veces por los mismos hechos, situación que está restringida por la ley y la Constitución Política.
En medio de esto, ha enviado recientemente varias cartas al Gobierno Petro en el que ha pedido un “indulto” e incluso ser nombrado gestor de paz.
“Fui perseguido, acusado de lavar dinero a la guerrilla colombiana, a narcotraficantes, a paramilitares y otras calumnias, pero finalmente, no tenían ninguna prueba para ello, porque no era verdad. Me acusaron de captación ilegal masiva de dinero, como delito subyacente, desconociendo que los clientes tarjetahabientes hacían sus recargas como ‘anticipo de compra de bienes, productos o servicios’”, manifestó en su petición enviada en octubre de 2025 al presidente Gustavo Petro.