El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció desde Barranquilla sobre toda la polémica que desatada alrededor del futuro del contrato para la elaboración y distribución de pasaportes en Colombia.
Desde el Foro de Desarrollo Local, que se lleva a cabo en la capital del Atlántico, el procurador general manifestó: “Ese es un tema que de verdad nos tiene preocupados a los colombianos a todo nivel. No es posible que lleguemos a una situación calamitosa que los colombianos no puedan ejercer su derecho constitucional a la libre movilidad por el mundo”.
Y agregó: “Tenemos una preocupación muy grande porque hay informaciones que no coinciden unas con otras, que anuncian que sé van a tener soluciones, pero que el cálculo de cronología, por ejemplo, no es muy razonable para aceptar con ese solo dicho que ya se va a resolver el problema”.
Eljach insistió que se necesita más “contundencia, más claridad, más diálogos”, y hasta tiró una pulla, pues advirtió que no se necesitan “regaños y menos evasivas en los altos niveles de la dirigencia estatal”.
Su mensaje se conoció horas más tarde de que la Procuraduría delegada para la Función Pública, abrió una investigación disciplinaria contra los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, además, del actual jefe de Gabinete, Alfredo Saade.
Sobre esa acción, el ente de control informó: “Posiblemente, en el caso de Murillo y Sarabia no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial, aunado al hecho de que en el caso de Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024”.
La misma Laura Sarabia, ahora excanciller de Colombia, alertó a la Procuraduría General que la Imprenta Nacional no está lista para hacerse cargo de la expedición de pasaportes en el país, y hasta sugirió un plazo de por lo menos 35 semanas para poner en marcha la operación que tiene contrato con Thomas Greg & Sons hasta el próximo 1º de septiembre.
En el caso de Saade, el ente de control precisó: “Presuntamente, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes”.
La investigación contra los excancilleres y el jefe de despacho se conoció horas después de que la Procuraduría inspeccionó las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro de Bogotá.