Pocas horas después de que estallara el escándalo por lo encontrado en los computadores de alias Calarcá, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc, ya hay una primera decisión de uno de los entes de control.
La Procuraduría General de la Nación abrirá una investigación contra el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y Wílmar Mejía, director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Estos dos funcionarios fueron los mayores señalados en el informe que reveló Noticias Caracol acerca de lo que se encontró en el computador del delincuente.
Se habla de que tanto el general Huertas como Mejía, presuntamente, tienen nexos con las disidencias de las Farc. Al parecer, entre otras cosas, los estarían asesorando en el montaje de empresas fachada de seguridad.
La Procuraduría también ordenará distintas pruebas para verificar las funciones que tiene cada uno de los salpicados en el escándalo y, de esta manera, poder identificar y precisar las supuestas faltas que cometieron.
Por ello, también podrían ser citados a versión libre en las próximas semanas.
El general Huertas y Wílmar Mejía son los primeros en ser investigados por este escándalo, pero no se descarta que en los próximas días la lista se amplíe y la Procuraduría ponga en la mira otros nombres que podrían estar involucrados en estos hechos.
Esta decisión se suma a la que dio a conocer el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pocas horas después de que todo saliera a la luz. El jefe de la cartera anunció que llevarán a cabo una investigación interna y, además, señaló que están dispuestos a ayudar a la Fiscalía General de la Nación en todo lo necesario para acelerar las pesquisas.
“Quiero ser enfático: ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública, ni tampoco en las entidades adscritas al sector Defensa, ni por retirados de la Fuerza Pública, ni por funcionarios públicos o particulares”, indicó a través de su cuenta de X.
Sánchez precisó que más allá de que alias Calarcá tenga hoy en día su orden de captura suspendida por estar incluido en los diálogos de paz que se llevaron a cabo con el Gobierno, esto no le abre el camino para delinquir libremente.
“Si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo —incluyéndolo a él— en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones”, agregó.
Por ahora, se espera que más investigaciones se anuncien y se esclarezca en su totalidad este escándalo que, una vez más, pone en jaque al gobierno del presidente Gustavo Petro.