Este viernes 10 de julio, la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta sobre una posible falla en medio de un proceso de contratación de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.
Por lo tanto, el ente de control dio apertura a una “investigación disciplinaria contra los miembros del comité evaluador en el componente jurídico de la Dirección de Antinarcóticos (Diran) de la Policía Nacional, Luis Francisco Vargas Bautista y Ginneth Andrea Vivas Chepe, por presuntas irregularidades en un proceso de selección abreviada en curso”.
Según la Procuraduría, la investigación tiene como objetivo esclarecer si se excluyó injustificadamente a un consorcio participante.
“El ente de control investiga si se negó injustificadamente la modificación de uno de los integrantes del Consorcio Rural, pese a que la comunicación oficial con esta solicitud habría quedado registrada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop II) antes del cierre de la recepción de ofertas”, agregó el Ministerio Público.
En tal sentido, la Procuraduría anunció que ya ordenó la práctica de pruebas documentales. Asimismo, indicó que escuchará en versión libre a los implicados “para establecer si hubo desconocimiento de los principios de la contratación estatal y afectación al debido proceso”.
Por otra parte, el pasado miércoles 8 de julio, la Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra miembros del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (Forpo) y del Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA), por posibles irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución de un contrato celebrado en 2022 para la adquisición de drones para la Policía Nacional.
“Los afectados con la decisión son: el coronel (RP) Didier Alberto Estrada Álvarez, la capitán Alhejandra Sepúlveda Figueroa, el intendente Ismael de Aguas Boea y el mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quienes en su orden ejercieron como director general del Forpo, coordinadora del CIPPA, verificador de información de ese mismo organismo y supervisor del contrato por parte del Forpo, para la época de los hechos”, señaló la Procuraduría.