Un grupo de funcionarios de la Contraloría, con atribuciones especiales de Policía Judicial, llegó hasta las instalaciones de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para adelantar una inspección en el marco de varios procesos que se desarrollan por presuntos hechos de corrupción en esa entidad.
Desde el ente de control señalaron que, con el propósito de hacer seguimiento a los procesos contractuales que actualmente adelanta Aerocivil y en atención a las denuncias realizadas por funcionarios de la entidad a través de diferentes medios de comunicación, se ordenó la inspección para recaudar elementos de prueba.
“Para continuar y precisar el seguimiento en curso a los procesos contractuales de Aerocivil, así como atender las denuncias públicas de funcionarios y medios de comunicación, la Contraloría ha ordenado el despliegue, en las oficinas de la Aeronáutica Civil, de funciones especiales de Policía Judicial, a cargo de su Unidad de Reacción Inmediata, con el fin de recaudar en sitio documentos, evidencias, testimonios y material probatorio que permitan revisar, evaluar y, eventualmente, probar presuntas actuaciones irregulares en los procesos contractuales de esta entidad”, señaló la Contraloría.
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— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) July 6, 2026
Desde el ente de control advirtieron que la información recaudada durante la inspección, o lo que internamente denominan despliegue, será revisada en detalle por los expertos de la entidad para incorporarla a los procesos que se adelantan por presuntos hechos de corrupción.
Precisamente, SEMANA publicó varias denuncias sobre contratos y decisiones de Aerocivil que, a juicio de los afectados, podrían constituir presuntas irregularidades con implicaciones fiscales, asunto que es competencia de la Contraloría y sobre el cual espera avanzar con estas actuaciones.
Luego de recaudar y analizar los elementos de prueba obtenidos en la sede principal de Aerocivil, los funcionarios a cargo de los procesos podrán incorporar las evidencias al expediente y adoptar las decisiones correspondientes, entre ellas confirmar o descartar las denuncias formuladas por los propios funcionarios.