A pocos días del cambio de Gobierno, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, le envió una carta a la dirección general de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el fin que se frenen los nombramientos provisionales. Todo esto, mientras se posesiona la administración de De La Espriella.
“¿Por qué el Gobierno saliente, a solo 40 días de entregar el poder, expidió un decreto para cambiar los requisitos de quienes podrían ser nombrados como oficiales de protección de la Unidad Nacional de Protección?”, cuestionó el también coordinador del empalme del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Mientras la UNP emite la respectiva respuesta, SEMANA conoció en su totalidad una solicitud presentada ante el despacho del procurador General, Gregorio Eljach, en la que se pide una acción preventiva con el fin de evitar estos nombramientos en la UNP.
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, solicitó a la UNP suspender nuevos nombramientos derivados del Decreto 0670 de 2026 hasta el 7 de agosto y entregar toda la información sobre los procesos en curso. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/eawkkCd2RG
— Revista Semana (@RevistaSemana) June 28, 2026
Para el accionante, Fredy Guiz Patiño, el Acuerdo No. 281 del 30 de abril de 2026 tiene un vacío jurídico y legal que permite que se realicen nombramientos para fortalecer las cuotas políticas del Gobierno Petro para los próximos años.
Esto, en una de las entidades más complejas y con mayores requerimientos económicos. Por esto, no dudó en calificar como “irregular” la emisión del acuerdo firmado pocas semanas antes de la primera vuelta presidencial.
“Sea lo primero indicar al señor procurador, que resulta inentendible revestido de manto de duda el afán desmedido de la administración saliente, tanto de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) como de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por adelantar de manera apresurada y precipitada las etapas operativas y de ejecución del concurso de méritos”, señala.
Por esto, con el fin de arreglar estos vicios de procedimiento y que no se presenten más irregularidades, el accionante solicitó que se suspenda de manera preventiva el acuerdo citado y “detener el avance del concurso de méritos en la etapa en que se encuentra”, por lo que llama una “medida de transparencia necesaria para frenar la premura e inusitada prisa de la administración saliente, garantizando que el proceso de selección sea replanteado, revisado y adelantado formalmente durante el nuevo Gobierno, sin presiones de tiempo ni sesgos temporales, asegurando la inclusión técnica del cien por ciento de las vacantes”.
Según el citado acuerdo, se busca ocupar 7.360 cargos en la UNP. Por esto, se pidió la suspensión inmediata de los nombramientos de los funcionarios en provisionalidad de la UNP como una “medida urgente de transparencia institucional que garantice una transición gubernamental libre de arbitrariedades y sujeto al estricto control de la función pública”.
“Un asalto directo”
En la petición, se advierte que se están quitando facultades al Gobierno entrante con el fin de realizar los respectivos nombramientos en la entidad adscrita al Ministerio del Interior, y la cual tiene el objetivo de brindar esquemas de protección a líderes políticos y sociales, así como funcionarios y personas que tengan amenazas contra su integridad por el trabajo que realizan.
El realizar esta convocatoria, que se destaca por la gran cantidad de cargos, en año electora, representa una notable irregularidad y abuso.
“Semejante proceder representa un asalto directo a la moralidad administrativa y desnaturaliza el proceso de transición hacia el nuevo gobierno nacional. Utilizar la provisionalidad de forma masiva mediante un decreto ‘hecho a la medida’ institucionaliza el clientelismo y vulnera las garantías de transparencia e imparcialidad que deben imperar en el relevo de la administración pública. Permitir que la dirección saliente sature la planta de personal con nombramientos a dedo, amparada en requisitos rebajados y evadiendo el concurso reglado, ata de manos a la administración entrante y consolida una flagrante burla al mérito constitucional”, indica.