Minutos antes de que el presidente Gustavo Petro ingresara a la sala de convenciones del hotel GHL en Villavicencio, donde se realizó el encuentro ‘Justicia para Todos’ de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado se despachó contra el Gobierno nacional por el secuestro de 34 militares en El Retorno, Guaviare.
Sobre ese hecho que ha causado repudio en el país, el magistrado Álvarez Parra manifestó: “Desde luego que el secuestro de cualquier colombiano merece el mayor repudio y peor cuando eso recae en la fuerza pública, porque eso evidencia una debilidad institucional que hoy estamos viviendo frente a los órganos que tienen el deber de asegurar la vida y la tranquilidad de los colombianos”.
Los 34 militares cumplieron cuatro días secuestrados por “personas vestidas de civil”, afirmaron desde el Ministerio de Defensa, cuando participaban en una operación militar en la que fue abatido alias Dumar, un cabecilla de las disidencias de las Farc lideradas por el peligroso Iván Mordisco.
“Este es un flagelo que viene azotando al país desde hace décadas y hoy la nación lo que quiere es reconciliación y paz. Hay que exigir de las autoridades que se respete la vida de los colombianos y las instituciones y la justicia, por supuesto, que actúe con el peso y la severidad de la ley”, advirtió el presidente del Consejo de Estado.
El secuestro de los uniformados ha causado repudio en todo el país, incluso el mismo Ejército denunció ante la Fiscalía General de la Nación este hecho por los delitos de secuestro simple, asonada y obstrucción a la función pública.
El magistrado Luis Alberto Álvarez Parra también manifestó: “De manera que lo que hay que hacer es que se ejerzan las acciones y se fortalezca, se logre avanzar en la inteligencia para que la fuerza pública recobre el monopolio de la fuerza y de la seguridad de los colombianos”.
Lo cierto es que sus palabras recaen sobre alertas que han hecho diferentes órganos de control como la Contraloría General de la Nación, después de que reveló que la fuerza pública tenía más de 400.000 millones de pesos congelados que estaban destinados a unidades en territorio, a la operación de aeronaves y a operaciones claves como el desarrollo de la inteligencia militar.
De hecho, el contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que esa situación “podría dejar al país expuesto” en materia de seguridad, después de la oleada de atentados terroristas, el recrudecimiento de la violencia y la expansión de grupos armados al margen de la ley.