La investigación por supuesta violación de topes electorales contra Ricardo Roa está por vincularlo de manera formal a un proceso penal; así, se convertiría en imputado de la justicia.

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El próximo miércoles, 8 de abril, la Fiscalía le imputaría cargos por las irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022.

Se trata de la segunda citación, porque en la primera, el hoy presidente de Ecopetrol dijo que tenía algunos compromisos de trabajo en la ciudad de Cartagena. El funcionario, a través de su defensa, se anticipó a solicitar una diligencia de interrogatorio como forma de conjurar la imputación.

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La Fiscalía accedió a la solicitud y fijó para el 26 de marzo la diligencia en la que se supone Ricardo Roa expondría, a través de interrogatorio, su versión de los hechos que, en criterio del fiscal a cargo del proceso, constituirían un delito, en el marco de una investigación que está por avanzar a otras instancias judiciales.

El problema, de acuerdo con lo que conoció SEMANA, es que Ricardo Roa no asistió a la diligencia de interrogatorio que él mismo solicitó. No llegó a la citación de la Fiscalía y al escenario donde se conocerían los detalles de su defensa de cara a la imputación de cargos programada desde el inicio de este año.

Hasta el momento se desconocen detalles de por qué no asistió a la diligencia de interrogatorio programada por la Fiscalía y a petición del mismo Ricardo Roa.

Ahora solo queda esperar que el próximo 8 de abril asista a la imputación de cargos por el presunto delito de violación de topes electorales.

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Durante la imputación, la Fiscalía expondría los detalles y los elementos de prueba que confirmarían su presunta responsabilidad en el delito que hará parte de la diligencia.

En la evidencia se condensarían los resultados de varios informes entregados por el partido Colombia Humana y que demostrarían presuntas irregularidades en la financiación de la campaña.

Ricardo Roa tiene prevista una imputación de cargos. Foto: SEMANA

Los informes, de acuerdo con lo que conoció SEMANA, advertirían presuntos gastos desordenados que se dispersaron entre la primera y segunda vuelta presidencial, y que la campaña, de la que Ricardo Roa era gerente, no logró explicar de manera detallada; al contrario, se demostró una violación de los topes electorales fijados por la ley.