Eran las 3:00 a. m. de ayer, 7 de agosto, cuando los capos de la Oficina que vivían con privilegios en los pabellones uno y dos de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí sintieron un verdadero terremoto.
Decenas de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fuertemente armados, tomaron posiciones en las entradas de los patios y las privilegiadas celdas. En medio de los gritos, que rompieron el estremecedor silencio que gobierna en ese penal en horas de la madrugada, se les ordenó salir a los reclusos.
La decisión estaba sustentada en una resolución del 6 de agosto que ordenó trasladar a Douglas, Carlos Pesebre, Lindolfo, Tom, Fritanga y una decena más de capos que vivían con gabelas en ese penal ubicado en el sur del Valle de Aburrá. Ese es un territorio en el que ellos por años han tenido ascendencia: las bandas más peligrosas dedicadas al sicariato, el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y hasta administrar acueductos y suministro de energía ilegal en barrios de invasión.
Los capos, acostumbrados en los últimos meses a aparecer ante los medios con lujosas prendas de vestir, que adecuaron sus celdas como si fueran palacios, en las que algunos vivían con sus propias mascotas, tuvieron que dejarlo todo.
SEMANA conoció que la decisión del Inpec se justificó en un informe interno que concluyó que el pabellón en el que estaban recluidos 103 hombres no cumplía con las condiciones de alta seguridad. Entre los reclusos estaban los negociadores de paz. Es decir, durante el mandato de Gustavo Petro estuvieron detenidos en un espacio donde no podían estar. Una alta fuente del Inpec le dijo a este medio: “Planeamos todo sin decirles a los que se iban”, en referencia al Gobierno saliente. “Los capos estaban furiosos y asombrados”, señaló la fuente.
Cambios de prisión
Bajo fuertes esquemas de seguridad, comenzaron a ser movidos a la cárcel La Picota, en Bogotá, a donde fue llevado alias Douglas, considerado como el más poderoso de los voceros que tenían asiento en la fallida mesa de paz urbana del Gobierno de Gustavo Petro.
También, a la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, a donde llegó nuevamente Carlos Pesebre, condenado por asesinato y por su régimen de terror en las comunas 13 y 7 de Medellín.
Además, a la cárcel de Cómbita fue a parar alias Lindolfo, otro de los hombres clave en la administración de recursos para las bandas criminales de Medellín.
Los capos comenzaron a comunicarse con sus familias desde sus nuevos destinos. No creían que las veleidades de las que gozaban pudieran llegar a su fin. Tenían la cárcel de Itagüí bajo su mandato. Contaban con beneficios en el suministro de las comidas, en el ingreso exclusivo de mercados para saciar sus antojos personales, recibían visitas todos los miércoles, beneficios que ningún otro preso tiene en Colombia.
Pero su sensación, según pudo conocer SEMANA con personas allegadas a algunos de los capos, contrastaba con la de sus familias, que ya no aguantaban los caprichos que tenían que cumplirles en esa cárcel, como lo ocurrido con la escandalosa parranda que se celebró el 8 de abril.
En medio de los traslados, los funcionarios del Inpec tuvieron que soportar improperios. Incluso hubo choques con algunos de los lugartenientes de los capos, que, por su edad y estado, no podían moverse con rapidez.
SEMANA consultó con la senadora Isabel Cristina Zuleta para conocer su postura frente a este traslado, el impacto que puede llegar a tener en las calles de Medellín y de otros territorios, en donde las bandas escuchan a los capos. Su respuesta fue negativa.
Ella, en otros momentos, defendió como una gladiadora un balance supuestamente positivo de la participación de estos voceros de las bandas delincuenciales en la mesa de paz urbana. Hablaba del descenso en la tasa de homicidios, del plan piloto de erradicar la extorsión de 45 barrios de la capital antioqueña, de la calidad de vida de los paisas.
Sin embargo, la tasa de homicidios en Medellín viene en caída desde 2016, por lo menos. En mayo de ese año, en una visita a Hidroituango, el alcalde Federico Gutiérrez cantó la que era su primera victoria en temas de seguridad: la ciudad acababa de alcanzar la cifra más baja de homicidios de los últimos 40 años. Ese número ha seguido en picada. La cifra ha ido descendiendo año tras año y, según datos del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, el jueves la capital antioqueña sumaba 173 asesinatos, una tasa de 6,19 por cada 100.000 habitantes. Eso, contrario a lo que pasaba en 1993, dista mucho de lo que ocurría cuando, en promedio, cada 90 minutos era asesinada una persona.
El alcalde Gutiérrez atribuyó ese resultado a los golpes que precisamente tienen a los capos tras las rejas. Bajo su liderazgo han sido detenidos varios de ellos. Hoy en día, todos están condenados a sentencias que en algunos casos superan los 30 años, como la de Douglas, encarcelado desde 2009.
Luis Fernando Quijano, director de la oenegé Corpades, dedicada durante años a estudiar el conflicto en Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá, le dijo a SEMANA que el traslado de los capos podría tener alguna consecuencia, pero se abstuvo de decir cuál. Además, defendió la mesa de paz urbana bajo argumentos similares a los expuestos por la senadora Zuleta.
Por su parte, Andrés Tobón, concejal de Medellín por el movimiento Creemos, el mismo del alcalde Gutiérrez, celebró que los líderes hayan sido trasladados: “La patria milagro ya empezó y los primeros en darse cuenta fueron los criminales, los bandidos que se encontraban en la cárcel de Itagüí. Después de años de denuncias, de demostrar cómo gobernaban desde este hotel cinco estrellas que les creó el Gobierno Petro, llegó Abelardo De La Espriella e inmediatamente fueron trasladados Douglas, Carlos Pesebre y por lo menos otros diez jefes de estructuras criminales”.
Al cierre de esta edición, el presidente Abelardo De La Espriella daba su primer discurso en el Batallón Pichincha en Cali. Allí fue contundente. Dijo que comenzó el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad. Además, construirá megacárceles para recluir a quienes representan la mayor amenaza para el pueblo.