La presunta violación de una joven estudiante de la Universidad del Rosario por parte de un compañero de clases cercano, ocurrida el 13 de mayo del año pasado, se había mantenido hasta ahora bajo reserva y sin avances ciertos en las denuncias que fueron radicadas ante el centro académico y la justicia. Durante casi un año no pasó nada diferente a la revictimización de la joven, de 21 años, que decidió romper su silencio y hacer pública su tragedia.
Patricia* habría sido supuestamente violada por Diego Alejandro Rivera en su apartamento en el centro de Bogotá, a donde llegaron juntos después de haber tomado unas cervezas. Adormecida e incapaz de responder, habría sido víctima de abuso sexual.
Ella le reclamó a Rivera por la presunta “violación” a través de mensajes de WhatsApp, en poder de SEMANA, en los que el joven solo le ofreció disculpas. Ella ha presentado pruebas en la universidad, en la Fiscalía y sigue esperando justicia, pese a las denuncias que presentó tan pronto ocurrieron los hechos. Lo sucedido la llevó a ser hospitalizada tres días en la Clínica Universitaria Colombia, donde el diagnóstico, de acuerdo con la historia clínica, fue claro: “Abuso sexual”.
Los chats que conoció este medio dejarían claro que ella se negó a cualquier tipo de relación ese 13 de mayo, y él la habría accedido por la fuerza.
Diego Rivera: Por favor, escríbeme cuando llegues.
Patricia: No. Te atienes a lo que me acabas de hacer, yo te dije a ti que tenía sueño, yo no podía ni sostenerme ni hablar.
El diálogo deja ver lo que se convirtió en el proceso penal por el cual fue imputado Rivera por los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir agravado. En palabras claras, Patricia le dice a su presunto victimario que la violó.
P.: Te atienes a que literalmente me violaste.
Diego, yo a ti nunca te dije que estaba bien. Nunca.
P.: Y te atienes de lo que le diga a Andrés de lo que pasó.
D.R.: Lo que hice estuvo muy mal Patricia, perdóname.(…).
P.: Yo no podía ni moverme
P.: Y tú solo decidiste seguir cogiéndome, aunque me quité
D.R.: Fue un error Patricia, lo reconozco, fue lo más idiota que he hecho nunca
D.R.: No supe interpretarte, no supe interpretarte, por favor perdóname, no quiero perderte bonita :(
P.: No. Alguien que me ama no me viola.
Videos en poder de SEMANA, que no son publicados para proteger a la víctima, muestran a Patricia llegando con Rivera a su apartamento. Luego se ve a la joven, cuando sale, limpiándose las lágrimas del rostro.
Luego, con Enrique, su papá, y su mejor amigo instauraron la denuncia en la URI de Paloquemao, donde la justicia también le dio la espalda. No le permitieron entrar acompañada, allí dio su crudo relato y se dirigió a la clínica. Al siguiente día, su papá fue a averiguar por la denuncia y no había rastro de ella. Molesto, advirtió que no se iba de la URI hasta que le dieran la claridad.
Finalmente, la fiscal Mónica Vergara, quien estaba a cargo, dijo que, ante el garrafal error, le iba a “ayudar” y ella misma iba a adelantar los actos urgentes. Patricia tuvo que contar de nuevo su tragedia.
SEMANA tiene la denuncia y en ella se lee: “Llegamos al apartamento, pero yo me sentía muy mal, estaba muy mareada, me recosté en la cama y me quedé dormida. Por momentos yo me despertaba y sentía a Diego tocándome el cuerpo por encima de la ropa, me tocaba el pecho y las piernas. Volvía a perder el conocimiento y, al volver en mí, ya lo tenía tocándome el cuerpo por debajo de la ropa, el pecho y el cuerpo en general”.
“Volví a perder la conciencia, por momentos él seguía tocándome y yo solo le decía que me dejara dormir. Paraba, esperaba a que me quedara dormida, seguía tocándome y me penetró vía vaginal. (…) llorando le decía que a él le había valido nada que yo le dijera que no quería nada y estaba mal y aun así me hubiera penetrado. Él me pedía perdón, decía que lo sentía y que había malinterpretado las cosas”, se lee en la denuncia que coincide con los chats.
Las pruebas, la demoledora narración y las leyes obligaban a la fiscal Vergara a tomar acciones. A eso se comprometió con Patricia y con sus abogados, al punto de que afirmó que el presunto abusador sexual iba a ser imputado y pediría medida de aseguramiento. Pero eso no pasó. La fiscal Mónica Vergara imputó los cargos, pero no pidió la medida de aseguramiento. El asunto no fue menor: impactó a Patricia, quien, nuevamente victimizada, sacó fuerzas para reclamar por este hecho en un memorial.
“Me dirijo a su despacho para manifestarle que usted me falló el día de ayer, me engañó, me informó que iba a solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, en ningún momento me dijo que iba a desistir de la misma, ya no le creo (…) tengo miedo, estoy asustada y no creo en sus palabras y ni en esa URI, donde embolataron mi denuncia”, se lee en la queja de Patricia.
Por si fuera poco, en la Universidad del Rosario la joven y su padre han vivido un viacrucis. Casi un año después de la denuncia, Rivera sigue en clases. Ante la decisión de expulsión del centro académico, ha presentado recursos, tutelas, incapacidades, ha cambiado de abogado y presentado recursos de súplica que han entorpecido el proceso.
Trámites que, por la gravedad de los hechos, debieron tardar apenas unos días, se convirtieron en meses y agotaron la paciencia de Patricia y su padre. Por eso, decidieron hacer esta denuncia en SEMANA.
Este medio se comunicó con las directivas de la Universidad del Rosario para tratar de encontrar explicación. Allí señalaron: “Desde que se conoció de la denuncia se activaron protocolos institucionales, acompañando a la denunciante. El proceso se ha desarrollado con enfoque de género, bajo confidencialidad, respetando los derechos de las partes y el debido proceso”.
Frente a la demora en tomar decisiones, afirmaron: “Las actuaciones institucionales contemplan la posibilidad de interposición de recursos, lo que incide en los tiempos del proceso y exige una actuación para asegurar decisiones de fondo sólidas y ajustadas a derecho”. Hicieron énfasis en el respeto a la identidad de los implicados conforme al habeas data.
Este medio también buscó la respuesta del presunto victimario, Diego Alejandro Rivera, quien en la audiencia de imputación de cargos realizada el 12 de junio del año pasado afirmó que era “categóricamente inocente”.
Molesto por la llamada, le respondió a SEMANA: “No tengo por qué dar explicaciones a ningún medio. No le voy a dar información de ningún tipo, es información reservada, se quedará en el proceso penal. No voy a dar información y menos a alguien que no sea un juez”.
Rivera afirmó que la Constitución ampara el derecho a no autoincriminarse y que las tutelas y recursos que ha interpuesto ante la universidad no buscan entorpecer el proceso. “Una tutela es un medio constitucional destinado para la protección de derechos fundamentales que están siendo vulnerados”. Sobre la denuncia de Patricia, respondió: “No tengo nada que decir”.
Ha pasado casi un año y Patricia considera que no ha sido escuchada, que no hay medidas contra su presunto victimario. En este caso, ella dice que le falló la justicia, le falló la academia, le fallaron las autoridades. Será la justicia la que dicte la última palabra.
*Nombre cambiado para proteger a la víctima.
Universidad del Rosario responde
Ha pasado casi un año Patricia sigue esperando que la Universidad del Rosario tome decisiones, Rivera ha presentado todo tipo de recursos para evitar su expulsión, y el centro académico también ha permitido que los días se conviertan en semanas y meses.
En una respuesta más extensa, desde la Universidad del Rosario señalaron que “desde que la universidad conoció la denuncia relacionada con hechos de violencias basadas en género, activó los protocolos institucionales, garantizando acompañamiento a la denunciante. El proceso se ha desarrollado con enfoque de género, bajo principios de confidencialidad, respeto por los derechos de las partes y estricto cumplimiento del debido proceso”.
“En cumplimiento de la ley, la Universidad protege el habeas data, la intimidad y el buen nombre de las partes, por lo que no considera prudente entregar información adicional. No obstante, está dispuesta a colaborar con las autoridades competentes judiciales y administrativas, en aras no solo de aportar a la verdad sino también al mejoramiento continuo del protocolo de prevención y atención de violencias basadas en género y discriminación”, respondieron a SEMANA.
Argumentaron que la tardanza se ha dado en buena medida por los recueros que ha presentado el presunto victimario, “incapacidad médica, cambio de abogado, tutela, impugnación a la tutela, recurso extraordinario de súplica, acción de tutela a la decisión del comité de decanos y apelaciones”.
Pese a que ha pasado mucho tiempo y hay errores institucionales, advirtieron que “el único recurso que se tomó tiempo en la estructuración y el despliegue de la formalización de la decisión fue el recurso extraordinario de súplica, el cual se comunicó a inicios de marzo de este año”.