La Procuraduría General de la Nación suspendió disciplinariamente por tres meses al interventor de la EPS Coosalud, Alexander Mesa, por el deterioro en la prestación del servicio a los afiliados de la entidad y el incremento de quejas, reclamos, tutelas e incidentes de desacato que se han presentado durante la intervención forzosa administrativa.
La investigación se adelantó por las faltas disciplinarias gravísimas en las que podría estar inmerso Mesa Romero, por presuntamente incumplir funciones y obligaciones que le corresponden como agente especial interventor de la entidad promotora de salud.
La Procuraduría destacó que esa supuesta omisión en sus funciones habría ocasionado un “deterioro en la prestación del servicio de salud a los afiliados de la entidad”; así mismo, se registró un incremento de las PQRS, acciones de tutela e incidentes de desacato durante la intervención forzosa.
La suspensión provisional llegó después de que se evidenciara un deterioro de la red asistencial de la entidad con el alto número de contratos de prestación en proceso de liquidación que obstaculizan la firma de nuevos contratos y convenios, lo que provocó un “detrimento de la garantía de la conformación y sostenibilidad de una red adecuada para la atención de afiliados y usuarios”.
El ente de control también evidenció un deterioro en la sostenibilidad financiera, incremento de la siniestralidad y el decrecimiento de los activos y patrimonio de Coosalud.
“Los hechos expuestos en el informe de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social permiten advertir que existen serios elementos de juicio que llevan a inferir que la permanencia en el cargo del disciplinable le permite continuar y reiterar el incumplimiento de sus funciones y obligaciones como agente especial interventor de Coosalud EPS S.A.”, manifestó la Procuraduría como argumento para la suspensión provisional.
El fallo también reconoció que Mesa Romero “no ha cumplido” con sus funciones y atribuciones para lograr la oportuna, segura, pertinente y continua prestación de los servicios de salud para afiliados y usuarios a Coosalud, lo que podría agravar la delicada y deficiente situación por la que atraviesa esta EPS, por lo que era necesario retirarlo del cargo.
Para la Procuraduría, esta medida busca garantizar que —bajo la dirección de quien designe la Superintendencia de Salud— se logren los objetivos de la intervención forzosa administrativa para mejorar la sostenibilidad financiera de la entidad, de su red asistencial y la prestación oportuna del servicio.
La decisión también ordenó abrir investigación disciplinaria contra Mauricio Camaro Fuentes, Gloria Libia Polanía, Carlos Eduardo Franco, Julio César Piñeros Cruz y Alexander Mesa Romero como agentes interventores de la EPS Coosalud.