En la tarde de este miércoles, 27 de mayo, el alcalde del municipio de El Espinal, Tolima, Wilson Gutiérrez Montaña, confirmó el deceso de una menor de seis meses de edad. El fallecimiento de la lactante ocurrió luego de ser ingresada a un centro médico local con evidencias físicas de presuntas agresiones corporales y sexuales.
Ante el reporte oficial del deceso, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento institucional para exigir que las autoridades competentes adelanten las investigaciones judiciales bajo principios de prioridad y diligencia. La entidad enfatizó la necesidad de esclarecer el entorno en el que se originaron las lesiones de la menor.
Pronunciamiento oficial de la Defensoría
A través de un comunicado escrito, el organismo de control civil fijó su postura y urgió la intervención de la justicia penal en el departamento del Tolima.
“Una niña de seis meses de edad que fue víctima de violencia sexual en el municipio de El Espinal falleció. La muerte de la menor de edad, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael, es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia”, declaró la Defensoría del Pueblo.
La institución autónoma recordó que cualquier manifestación de violencia en contra de los menores de edad resulta inadmisible en el ordenamiento jurídico del país.
“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes avanzar con celeridad en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley. También hacemos un llamado a mantener las acciones interinstitucionales de protección y prevención en el territorio”, añadió el documento.
Acciones institucionales de seguimiento
La Defensoría del Pueblo ratificó que mantendrá una comisión especial encargada de verificar la evolución del proceso penal y las medidas de acompañamiento destinadas al núcleo familiar de la niña.
El organismo reiteró que el principio de prevalencia de los derechos de los niños debe coordinar cada una de las actuaciones que desplieguen los funcionarios estatales encargados del caso en los próximos días.
Finalmente, la entidad hizo un requerimiento a los hogares, entornos comunitarios y entidades territoriales para activar las alarmas frente a situaciones de riesgo que involucren a menores. Las indagaciones preliminares de la Policía Judicial avanzan mediante entrevistas con los familiares cercanos para identificar a las personas implicadas en el suceso.