El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizar un nuevo estudio de seguridad a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exgerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez.
Esto tras fallar una tutela presentada por la exfuncionaria, quien reclamaba la protección de su vida e integridad por las amenazas que ha recibido.
Las intimidaciones aumentaron después de presentar varias denuncias por hechos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro.
Rodríguez explicó en la tutela que durante el gobierno Petro ocupó altos cargos como directora encargada del Dapre, superintendente ad hoc para la Nueva EPS y gerente del Fondo Adaptación.
Por su liderazgo en mesas de diálogo con exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Primer Encuentro Nacional de Gestores de Paz, en octubre de 2025, e irregularidades en el sector salud, denunció una “exposición directa al riesgo y deterioro en su salud mental, por lo que fue diagnosticada con trastorno depresivo mayor y ansiedad generalizada”.
Frente a esa situación, la exdirectora del Dapre pretendía que la UNP le diera la protección que reclamaba como consecuencia del riesgo extraordinario que le fue reconocido.
El magistrado Luis Manuel Lasso, ponente de este caso e integrante de la Sección Primera del Tribunal de Cundinamarca, confirmó que Angie Rodríguez tiene actualmente un esquema de seguridad vigente por 12 meses, pero haría parte del Fondo Adaptación, por lo que podría perderlo al ser desvinculada de la entidad.
El togado reconoció que esa situación “no agota la responsabilidad de la UNP” frente al “riesgo extraordinario” que fue declarado a la exfuncionaria del gobierno Petro.
Así, el Tribunal de Cundinamarca le ordenó a la UNP que “realice un nuevo estudio de seguridad a la señora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, teniendo en consideración que actualmente no se desempeñaba en el cargo de gerente del Fondo de Adaptación, y establezca las medidas de protección que requiera conforme a ese nuevo estudio de seguridad”.
Mientras la UNP toma una decisión de fondo, el Tribunal ordenó restablecer las medidas que el pasado 23 de abril de este año la UNP le dio a la exdirectora del Dapre para proteger sus derechos frente a cualquier tipo de riesgo.