Dos contratos interadministrativos que firmó la Unidad para las Víctimas con la Agencia Nacional de Tierras están siendo verificados por la Contraloría General de la República, después de que aparecieran una serie de inconsistencias que merecen ser aclaradas.
El ente de control le dio un ultimátum de cinco días a la Agencia Nacional de Tierras, liderada por Juan Felipe Harman, para que entregue toda la información correspondiente a verificar las dudas que dejó ese negocio jurídico.
La líder de auditoría de cumplimiento de la Unidad para las Víctimas, Sonia Patricia Bolívar, adscrita a la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, expidió una carta de tres páginas dirigida a la directora de esa entidad, Aliz Duneika Aguilar, para que le hagan seguimiento a la auditoría sobre esos convenios.
Por eso, la Contraloría le solicitó al coordinador del Fondo para la Reparación de las Víctimas que entregue un informe detallado sobre los avances y seguimientos del contrato que firmaron con la Agencia Nacional de Tierras.
La primera petición es la entrega del avalúo comercial de 88 predios que aún no han sido recibidos por el Fondo para la Reparación, con el fin de que se haga su respectivo control de calidad, paso fundamental para poder finalizar el proceso de venta y titulación ante la Agencia Nacional de Tierras.
También deberá facilitar las copias de las actas que se han expedido frente a los predios entregados de manera anticipada o mediante disposición final, que la Agencia Nacional de Tierras tiene pendientes con el Fondo para la Reparación.
La Contraloría pidió en la carta: “Remitir copia de respuesta a la solicitud de información enviada 04 de agosto de 2026 por el coordinador del Fondo para la Reparación de las Víctimas, en el cual solicita: ‘Avance y seguimiento contrato suscrito con la Agencia Nacional de Tierras-NO. ANT-202413098′”.
Sobre ese convenio interadministrativo también deberán enviar el avalúo de 88 de 292 predios, la copia del acta de entrega de los bienes y las notas emitidas por la Superintendencia de Notaría para entender cómo se corrigieron esos puntos por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
La Contraloría también solicitó los estados financieros de los convenios e informes de supervisión de dichos actos y reportar si a la fecha se han presentado incumplimientos de las obligaciones de la Agencia Nacional de Tierras para entender si han iniciado procesos sancionatorios en ese tipo de casos.