La Contraloría General de la República anunció, en la mañana de este 5 de agosto, el hallazgo fiscal a la ANI por $824.960 millones, en el marco de una Auditoría de Cumplimiento realizada a la entidad, más exactamente por el Contrato de Concesión 4G de Iniciativa Privada Chirajara – Fundadores y otros contratos asociados a este corredor vial, durante las vigencias 2022 a 2025.
El organismo detalló que la situación se dio exactamente en el Contrato de Concesión Nro. 444 de 1994, en el que el órgano de control evidenció que, pese a haber sido construido y finalizado, con entregas de tramos viales entre junio de 2015 y febrero de 2024, incluyendo la construcción nueva del Viaducto Chirajara hoy todavía existe un tramo de 6,5 km de esta Vía Bogotá – Villavicencio que no ha entrado en operación.
La razón fueron daños aún no reparados en el Túnel 1 y al colapso del Puente 1 del sector 3A, ocurrido el 15 de junio de 2019 en las proximidades del kilómetro 58 de esta vía.
“Pese a que el Viaducto Chirajara está terminado desde el 4 de febrero de 2024, a la fecha continúa sin recibo formal por parte de la ANI, sin entrar en operación y sin cumplir la finalidad para la cual fue construido haciendo uso de cuantiosos recursos públicos, limitando con ello su integración funcional a la doble calzada del corredor vial Bogotá – Villavicencio y afectando la prestación continua, eficiente y segura del servicio público de transporte”, detalla el informe.
Adicional a ello, se pudo establecer que la ANI había asumido el riesgo de inestabilidad de la ladera del km 58, y que ello sucedió en fecha posterior a la ocurrencia de los daños estructurales ya citados, por lo que la entidad fue condenada a realizar las intervenciones necesarias para reparar el túnel y viaducto citados y con ello poner en operación éstos, el Viaducto Chirajara y el tramo vial de doble calzada que los incluye.
“Lo anterior evidencia que la Agencia Nacional de Infraestructura no ha adelantado de manera adecuada y oportuna las gestiones necesarias y suficientes para viabilizar y ejecutar las intervenciones requeridas en el Túnel 13 y el Puente 1 (Quebrada Seca) que, según laudo arbitral condenatorio a la ANI de noviembre 10 de 2023, están bajo su responsabilidad y se requieren para superar las circunstancias que hoy todavía impiden la funcionalidad de dicho viaducto y del tramo de doble calzada que lo incluye”, añadió.
