Con el argumento de que “la libre competencia solo se protege cuando las investigaciones concluyen”, la empresa Helicol-Helicópteros Nacionales de Colombia hizo un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que adopte, de manera oportuna, las decisiones relacionadas con el proceso que cursa en esa entidad por una presunta práctica anticompetitiva en la contratación del transporte aéreo de Ecopetrol.
Al presentar la solicitud ante la SIC, Helicol enfatizó que “la celeridad también es justicia” y aseguró que es la empresa directamente afectada dentro de la investigación.
Los hechos se originaron luego de que Helicol presentara una denuncia en la que argumentó la existencia de un presunto esquema de contratación irregular. Según la compañía, fue excluida de manera sistemática de los procesos de contratación para prestar servicios a Ecopetrol y a sus filiales Ocensa y Cenit.
La investigación adelantada por la SIC también involucra a Helistar, empresa que, presuntamente, habría sido favorecida mediante los llamados “pliegos sastre”, es decir, procesos con requisitos diseñados para ajustarse únicamente a las capacidades del contratista que se pretende beneficiar.
“Helicol hace un respetuoso llamado a la entidad (la SIC) para que culmine con celeridad este proceso, cuya decisión resulta trascendental para la defensa de la libre competencia y el acceso efectivo a la justicia”, dice el pronunciamiento de la empresa que se considera afectada.
Hace tres años
La investigación de la SIC está próxima a cumplir tres años en la Delegatura para la Protección de la Competencia, según recordó Helicol.
El proceso se inició con el objetivo de establecer si, durante más de una década, los procesos de contratación para la prestación del servicio de transporte en helicóptero fueron estructurados con requisitos que, presuntamente, favorecieron de manera sistemática a un único operador.
En la actualidad, la investigación ya contaría con un concepto técnico, según Helicol. No obstante, “la decisión aún no ha sido adoptada por razones administrativas relacionadas con la convocatoria del Comité Asesor de la entidad, situación que pone a la justicia contra las cuerdas, teniendo en cuenta que se aproxima el cambio de Gobierno”, advirtió la empresa.
Si bien la compañía afirmó que reconoce la autonomía de la autoridad de control y vigilancia, también sostuvo que, desde su perspectiva, el proceso requiere una decisión oportuna, ya que “la justicia tardía termina convirtiéndose en una forma de injusticia para quienes durante años han esperado una respuesta institucional frente a unos hechos de enorme trascendencia para la libre competencia y la transparencia en la contratación”, manifestó.
