Iván Name y Andrés Calle siguen recluidos en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, después de que los exdirectores de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, los señalaran de ser los principales protagonistas detrás de la presunta corrupción que se habría dado en la compra de carotanques en La Guajira, a cambio de que, supuestamente, apoyaran las reformas del Gobierno Petro en el Congreso.
Pero mientras siguen tras las rejas, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, decidió incorporar nuevas pruebas para investigar a fondo las presuntas irregularidades en las que habrían incurrido los entonces presidentes del Congreso.
SEMANA conoció en primicia que desde el 22 de julio de este año, la Sala de Casación Penal decidió revivir una serie de pruebas que la Sala de Primera Instancia rechazó en un principio, pero que ahora serán piezas clave para destapar uno de los mayores escándalos de corrupción en la era Petro.
Una de las pruebas que será fundamental en el proceso contra Name y Calle es el testimonio del presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, quien deberá aportar una perspectiva técnica sobre el trámite de la reforma pensional, una de las iniciativas del Gobierno Petro que supuestamente habría sido blanco de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
La Corte Suprema de Justicia también le dio luz verde a la documentación que estaría relacionada con el origen del supuesto préstamo de 2.800 millones de pesos que Pedro Castro, conocido como el prestamista, le habría entregado a Sneyder Pinilla para que se cocinara el soborno que habría llegado a los bolsillos de los entonces presidentes del Congreso y la Cámara de Representantes.
De esta manera, la justicia trata de verificar la trazabilidad y la procedencia de ese millonario monto que, según los exdirectores de la UNGRD, habría llegado a Name y Calle con ayuda de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, y el sistema de dinero digital conocido como las criptomonedas.
Por eso la alta corte también ordenó adelantar un dictamen pericial que permita detectar las operaciones de criptoactivos, para establecer si existieron las transacciones mencionadas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, para supuestamente trasladar el dinero entre Bogotá y Montería, destino final en donde estaba el expresidente de la Cámara, Andrés Calle.
Así es como la investigación contra Iván Name y Andrés Calle por el saqueo a la UNGRD dio un giro en la Corte Suprema de Justicia después de que se ordenaron esas pruebas que pondrán a hablar al presidente de Colpensiones y a verificar cómo fueron las movidas millonarias de dinero.
Hay que recordar que los exdirectivos de la UNGRD señalaron a la exconsejera de la Presidencia, Sandra Ortiz, como la responsable de entregarle 3.000 millones de pesos a Iván Name; mientras que Sneyder Pinilla le habría entregado 1.000 millones de pesos a Andrés Calle en Montería. Esos supuestos sobornos se habrían hecho para conseguir el apoyo del Congreso a las iniciativas del Gobierno.