El abogado Martín Emilio Riascos presentó su renuncia para seguir representando a John Poulos, el principal sospechoso del crimen de la DJ Valentina Trespalacios. En su intervención, manifestó que desde el pasado miércoles 25 de enero empezó a recibir mensajes amenazantes en sus redes sociales y un número extraño de llamadas a su teléfono celular.
Debido a este riesgo, el jurista manifestó que prefiere dar un paso al costado. “De manera personal, en mis redes sociales, por llamadas telefónicas y por todas las vías he recibido amenazas, tanto así que he decidido no contestar mi teléfono ni abrir mensajes de personas desconocidas”.
Pese a que en las audiencias celebradas tanto el jueves como el viernes pidió medidas de protección y seguridad para su cliente para que se le protegieran sus derechos procesales, “la Judicatura no pensó en todos los problema que esto me estaba acarreando a mí”. El profesional del Derecho manifestó la necesidad que en estos casos mediáticos las audiencias deben privadas para así proteger la integridad de todos los sujetos procesales.
En su intervención el abogado señaló que va a poner la respectiva denuncia pese a que sabe lo que puede ocurrir. “Como sé que el mundo entero me está escuchando tengo que decir que no es la primera vez que me amenazan y cuando se coloca ante el centro de servicios una denuncia por amenaza la respuesta del fiscal es: ‘solamente proceden a investigarse denuncias que grupos armados al margen ley y estructuras delincuenciales organizadas le hagan directamente’. Es decir, pese a que voy a poner en conocimiento estas denuncias, solicito que no se quede solamente en un archivo”.
Igualmente, advirtió que esto no puede ser calificado como una maniobra dilatoria puesto que desde el pasado viernes se presentó el empalme con un nuevo abogado para que lo defienda en esta etapa final. “Me retiro, su Señoría, por la puerta grande, sabiendo como profesional que cumplí con todas mis funciones pero la Judicatura no da las garantías procesales para los togados que ejercemos este noble oficio. Nosotros los abogados, quienes somos penalistas, defendemos los derechos de las personas no directamente a las personas”.
El abogado manifestó que en su profesión muchas veces se defienden a las víctimas y a los victimarios. “A pesar que mucha gente dice que esto es normal (en referencia a las amenazas), considero que prevalece mi vida en estos momentos y si tengo que colgar mis diplomas y vestidos como abogado, pero primero preservaré mi vida”.
Frente a esta renuncia irrevocable, la Defensoría del Pueblo le nombró al abogado de oficio Juan Manuel Falla para que lo represente en la audiencia de este martes, en la cual la Fiscalía General pedirá una medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra.
No se respetan los derechos
Poulos también pidió la palabra y reclamó que no ha podido acceder a un abogado de su confianza que hable inglés puesto que no cuenta con un intérprete constante para contactar abogados en Bogotá. “Esto ha representado un total detrimento en su caso, no han respetado sus derechos”.
“Sus opciones para conseguir a un abogado de su confianza fueron mínimas”, señaló Poulos por medio de su traductora. “Él quiere advertirle a las personas que vengan a Colombia que los derechos de los que hablan no son respetados, no le han facilitado un intérprete y esto no lo favorecerá en el desarrollo de su caso”, aclaró.
Tras esta dimisión se conoció la renuncia de la traductora Martha Lucía Morales Cañón, quien ha sido blanco de fuertes críticas por no tener un amplio conocimiento de los términos judiciales. “Señor juez, de manera respetuosa debo solicitarle que de manera prudente sea usted el que valore la situación presentada en el caso concreto ya que si bien es cierto pertenezco a la lista oficial de traductores del Consejo Superior de la Judicatura no es menos cierto que si mi labor tiene incidencia en las decisiones que en Derecho corresponden deba tomar su despacho, prefiero renunciar de manera irrevocable al cargo al fin que se garantice el debido proceso del señor John Nelson Poulos”.
Sin embargo, esta renuncia no fue aceptada puesto que es el Consejo Superior de la Judicatura el que tiene la última palabra frente a este tipo de situaciones.