Oficialmente, el caso contra los seis congresistas de la Comisión de Crédito Público salpicados en el escádandalo por corrupción de la UNGRD salió de la Sala de Instrucción y paso a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema para iniciar la fase de juzgamiento.
Con esa decisión, el caso pasó del despacho del magistrado Misael Rodríguez al de su colega Ariel Torres, quien estará a cargo de la fase juicio y de juzgamiento en contra de los congresistas Wadith Manzur, Jaren Manrique, Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y el exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz.
Los seis legisladores fueron salpicados como los supuestos beneficiarios de tres millonarios contratos de la UNGRD en Bolívar, Córdoba y Arauca por más de 90 mil millones de pesos, a cambio de que presuntamente apoyaran los créditos internacionales que solicitaba el Ministerio de Hacienda, en esos momentos liderado por el ahora imputado Ricardo Bonilla.
Desde el año 2024, la Sala de Instrucción ha venido adelantando la investigación contra los cinco congresistas y un excongresista por el delito de cohecho impropio.
Senadora Martha Peralta, a indagatoria
La senadora del Pacto Histórico Martha Peralta será vinculada formalmente a la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en su contra por el supuesto direccionamiento que se habría dado en un contrato de maquinaria amarilla en el departamento de La Guajira.
La congresista deberá presentarse a indagatoria este jueves 18 de junio en la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá, para que conozca los delitos por los que está siendo acusada, pero también podrá defenderse y rendir sus explicaciones de manera libre y voluntaria.
En julio del año pasado, cuando Olmedo López negociaba para buscar beneficios judiciales, se terminó destapando la supuesta participación que habría tenido la senadora Peralta en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro.
El exdirector de la UNGRD acusó en ese momento a la congresista de La Guajira de pedir contratos de maquinaria amarilla de la entidad para que fueran entregados a contratistas amigos suyos. López dijo que el direccionamiento habría superado el monto de 2.100 millones de pesos.