Por insólito que parezca, después de un mes del megaoperativo en el que fueron allanadas un centenar de tiendas de la marca Lili Pink, solo hay un detenido: el abogado Walter Francisco Martínez, quien ya había tenido disputas con la Dian, entidad que es reconocida como víctima en el proceso, reclamando mercancía ilegal decomisada.
Este hombre, quien se encuentra en un centro médico de Barranquilla pese a la existencia de una medida carcelaria, por su conocimiento jurídico sería uno de los cerebros de la operación ilegal, y fue señalado por la Fiscalía de ser representante legal de siete empresas de papel utilizadas para darles apariencia de legalidad a las operaciones de la marca.
Por eso fue vinculado al proceso por los cargos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, y se expone a una sentencia superior a los 20 años de prisión de ser hallado culpable.
SEMANA revela más detalles de este personaje. En enero de 2022, Martínez lideró un millonario reclamo en contra de la Dian por el decomiso de mercancía en Santa Marta. El abogado se presentó como representante de la empresa Valmares Importaciones S. A. S. y cuestionó el operativo de decomiso de la mercancía por parte de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección de Aduanas de Santa Marta.
Pedía la devolución de la mercancía avaluada en 1.000 millones de pesos, argumentando una “falsa motivación de la Dian para ejecutar el decomiso”. Petición a la que la entidad se opuso radicalmente, señalando que el cargamento no contaba con los requerimientos y el papeleo exigido; era contrabando. La demanda fue rechazada el pasado 4 de marzo.
“La parte actora no demostró inconsistencia grave, tergiversación probatoria, ni la existencia de hechos sustanciales ignorados por la Dian que hubieran variado el sentido de la decisión. Por el contrario, el análisis físico y documental practicado permitió concluir la falta de acreditación de la legal introducción de la mercancía, presupuesto suficiente para confirmar el decomiso”, señaló el Tribunal del Magdalena.
Un viejo conocido
Lo que ha quedado claro para las autoridades es que Martínez no solo era parte fundamental del contrabando que traía Lili Pink al país, sino que, por su conocimiento jurídico, había sido el estructurador de las estrategias para darle apariencia de legalidad a la mercancía que entraba a Colombia.
No era la primera vez que Martínez emprendía una batalla contra la Dian por acciones administrativas en contra de empresas dedicadas, según su razón social, a importaciones y exportaciones. En realidad, según las decisiones, a tratar de darle legalidad a mercancía de contrabando decomisada.
En el Sistema de Automatización de la Justicia Administrativa Integral se encuentran registradas una decena de demandas en los últimos dos años en contra de la Dian, encargada de realizar inspecciones y decomiso de mercancías que ingresen al país de manera ilegal.
Martínez representó a tres empresas y buscaba revertir los actos administrativos de la Dian, que incautó y restringió el ingreso de textiles que venían de China y Panamá.
El abogado Martínez fue señalado por la Fiscalía de haber representado a siete empresas fachada con las que se habría buscado darles apariencia de legalidad a las actividades de Lili Pink. La investigación de la Fiscalía indica que, con documentación alterada, se le habría dado aval al ingreso al país de cargamentos de Lili Pink que no correspondían a la realidad. Así, además de los textiles y accesorios que en el papel provenían de Panamá, se ingresaron otros elementos sin el pago de los respectivos impuestos.
Fuentes cercanas a SEMANA confirmaron que se preparan seis órdenes de captura por lavado de activos, que ascendería a los 730.000 millones de pesos.