El silencio se volvió compañero inseparable de don Humberto Pérez. Desde hace casi tres meses, sus amaneceres son idénticos: se levanta temprano, revisa las noticias, mira su celular y espera una llamada que nunca llega.
En ese teléfono, alguna vez sonó la voz de su hijo, el patrullero Yordi Fabián Pérez Mendoza, hoy en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca. Desde el día de su secuestro, la vida se le detuvo. Extraña los mensajes, las conversaciones diarias, y confiesa que el horror del secuestro lo está matando en vida.
El calvario de don Humberto no es el único. Seis familias más de policías y militares, y dos de integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, comparten la misma angustia. Todos fueron secuestrados mientras cumplían con su deber, en operaciones por la seguridad de los colombianos.
Hasta ahora, las autoridades han identificado a siete miembros de la Fuerza Pública en poder de grupos ilegales: el subintendente Franque Esley Hoyos Murcia, el patrullero Yordi Fabián Pérez Mendoza, el auxiliar de Policía José Larrahondo y los soldados Jeison Javier García Rodríguez, Brayan Stiven Ruiz Toro, Juan David Buitrón Caicedo y Jamerson Adrián Guachetá Guachetá, todos retenidos por las disidencias del Frente de Iván Mordisco.
Arauca, donde ocurrieron varios de estos secuestros, se ha convertido en uno de los epicentros del conflicto armado que persiste en Colombia. En esa región fronteriza con Venezuela operan tanto el ELN como las disidencias de las Farc, que se disputan los corredores del narcotráfico, la extorsión y el control territorial.
Los enfrentamientos entre ambos grupos y las acciones contra la Fuerza Pública han dejado a decenas de familias desplazadas y comunidades enteras atrapadas entre el miedo y la desconfianza.
Desde 2023, las cifras de secuestros comenzaron a incrementarse con fuerza en el país, pese al discurso de paz total impulsado por el Gobierno. Organizaciones de derechos humanos han advertido que los grupos armados aprovechan los diálogos para fortalecerse y presionar políticamente al Estado mediante el secuestro de uniformados. En los últimos meses, los casos en departamentos como Arauca, Nariño, Cauca y Norte de Santander evidencian una reconfiguración del conflicto.
“Mi hijo lleva más de diez años en la institución. Es un excelente muchacho, disciplinado, responsable, y siempre se reportaba. Ese día, el 20 de julio, todo se perdió. A la una de la tarde se cortó toda comunicación, y desde entonces no sé nada de él”, cuenta don Humberto entre lágrimas, en conversación con SEMANA.
El patrullero Pérez estaba adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional. Junto a su compañero, el subintendente Hoyos Murcia, fue comisionado para seguirle el rastro a cabecillas del ELN en Arauca. Nunca alcanzaron a llegar al destino.
Partieron de Bogotá el 19 de julio y pasaron la noche en Yopal, Casanare, en casa de don Humberto. Al amanecer retomaron el viaje, pero en la carretera fueron interceptados por hombres fuertemente armados.
“Los bajaron del vehículo, los amarraron de pies y manos, les cubrieron la cabeza y los echaron al platón de otro carro con rumbo desconocido. Esa fue la última vez que supe de mi hijo”, relata.
Desde entonces, la familia del patrullero vive entre la angustia, la incertidumbre y el silencio del Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Don Humberto asegura que han pedido insistentemente una cita con el mandatario, pero nunca los ha recibido.
“El presidente no nos ha concedido una cita ni se ha pronunciado. Todo lo que sabemos son informaciones extraoficiales, porque realmente no nos han querido recibir. Ya vamos para tres meses sin tener certeza de qué piensa hacer el Gobierno o qué medidas tomará”, señala.
SEMANA conoció que la Dirección de la Policía Nacional les ha brindado acompañamiento a las familias, aunque la gestión política de la liberación no depende de esa institución. Tras el secuestro, la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional intentaron mediar, pero el ELN insistió en que se trata de un asunto político que debe resolver directamente el presidente de la República.
“Parece que buscan un intercambio por subversivos presos, pero mientras tanto, nosotros vivimos un calvario. El Gobierno debe asumir su responsabilidad. El presidente Petro se autoproclama defensor de la vida, pero la vida de nuestros hijos parece no tener valor para él”, reclama don Humberto desde Casanare, donde vive con una de sus hijas. El hombre insiste en que el Gobierno ha sido indiferente frente a las víctimas del secuestro, especialmente cuando se trata de quienes han arriesgado su vida por el país.
“Le hago un llamado contundente al presidente Petro. Él, que ha sido un defensor de los derechos humanos, debe apersonarse de esta situación y encabezar las conversaciones con el ELN para obtener la libertad de los secuestrados. Porque esto no es política, es humanidad”, suplica don Humberto.
Con voz firme, aunque conmovida, lanza una crítica directa a los dirigentes del país: “Esto es un derramamiento de sangre injusto. La clase política es guerrerista, les gusta encender el país, pero nunca mandan a sus hijos al frente de batalla. Nosotros somos los que llevamos el dolor y el miedo en silencio”.
El drama también golpea a las familias de los dos agentes del CTI de la Fiscalía secuestrados por el ELN en Arauca desde hace cinco meses: Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, ambos adscritos a la Dirección de Protección. “¿Cuánto más tengo que esperar? ¿Cuánto más tiene que resistir mi esposo? Está muy mal físicamente, toma medicamentos para el corazón y nadie nos da respuestas. ¿Hasta cuándo una familia tiene que llorar a su ser querido?”, dice entre sollozos Yariel Macualo, esposa de Pacheco.
La mujer asegura que ha tocado todas las puertas sin resultado. “Estuve en Arauca con la familia de Rodrigo y después viajamos a Bogotá. En la Fiscalía me escucharon, pero solo me dijeron que había que esperar, que todo se va a dar en su debido momento. Eso fue todo”, lamenta.
Un espejismo llamado paz total
Desde el Congreso, el representante a la Cámara por Bogotá, José Jaime Uscátegui, calificó como devastador el panorama que viven los integrantes de la Fuerza Pública en las regiones, al no tener respaldo del Estado. Asegura que la llamada paz total del presidente Petro “no tiene rumbo”. “A la fecha hay al menos siete soldados y policías secuestrados, además de dos agentes del CTI. Y hasta el momento no se conoce nada sobre su liberación. Fueron retenidos en Arauca, Cauca y Nariño. Se especula que algunos podrían estar en territorio venezolano, y lo más sorprendente es que el Gobierno, que mantiene diálogo con la dictadura de Maduro, no haya hecho nada por ellos”, dijo el congresista a SEMANA.
Uscátegui sostiene que la política del Gobierno es un “embudo”, en el que “la parte ancha es para los criminales y la angosta para las víctimas”. “Mientras el ministro de Justicia insiste en otorgar beneficios judiciales a los delincuentes, las familias de los secuestrados siguen esperando respuestas. Pareciera que el ‘pacto de La Picota’ es más importante para el Gobierno que la integridad y la libertad de estos colombianos”, agregó. El congresista recuerda que, según la Constitución, el secuestro no puede considerarse un delito político ni conexo.
“El Gobierno no puede seguir negociando con grupos que hacen del secuestro y el narcotráfico sus prácticas cotidianas. Si el presidente Petro quiere hablar de paz, debe empezar por exigir la liberación inmediata de todos los secuestrados".
Para finalizar, lanzó un llamado a las instituciones del Estado: “He pedido de todas las formas posibles que prioricen la liberación de los policías, militares y agentes del CTI secuestrados. Las familias están sufriendo, pero nadie las escucha. La Defensoría del Pueblo atiende los casos, sí, pero no se pronuncia con la contundencia que exige la situación.
”De acuerdo con cifras del Ejército Nacional conocidas por SEMANA, hasta septiembre de 2024 se habían registrado 186 casos de secuestro en el país. En lo corrido de 2025, ya van 403 plagios: un incremento del 115 por ciento que enciende todas las alarmas sobre la escalada del secuestro en Colombia.