Las imágenes que circulan en redes sociales de los enfrentamientos entre delincuentes del Clan del Golfo y Autodefensas Conquistadores de la Sierra en territorio sagrado de los indígenas arhuaco estremecen. Pero aún más cuando se conoce el balance de tres muertos, más de diez heridos y dos mujeres desaparecidas, y se lee el llamado que el domingo 8 de marzo, en plena jornada electoral, hizo la Defensoría del Pueblo para que se habilitara un corredor humanitario que permitiera extraer a las víctimas en medio de un conflicto ajeno.
Según ese organismo, los criminales lanzaron granadas, asesinaron indígenas, quemaron casas, corrales y animales; además, desaparecieron por lo menos a dos mujeres.
“Insistimos en la exigencia a los dos grupos armados a cesar definitivamente las confrontaciones y permitir la habilitación de un corredor humanitario libre de minas antipersonal para que la comunidad y los actores humanitarios trasladen a las personas heridas hasta donde puedan recibir la atención que necesitan”, pidió el domingo la Defensoría del Pueblo.
Horas después, las autoridades indígenas confirmaban lo peor. Uno de sus líderes de 92 años, al que denominaban hermano mayor, murió en medio de la explosión de una de esas granadas. Su nombre era Juan Garavito.
El Resguardo Indígena Arhuaco Bunsichama, por medio de un comunicado, calificó el fallecimiento de este adulto mayor como “una pérdida irreparable”.
El Cabildo Arhuaco, una organización sociopolítica tradicional de esa etnia, confirmó además que un hijo de Garavito murió por “una herida que no fue atendida” y también un niño de 6 años, que fue atacado por los grupos armados ilegales.
En medio del fuego cruzado, otras diez personas de la comunidad resultaron heridas, entre ellas dos mujeres embarazadas. La Primera División del Ejército, que arribó a la zona en helicópteros, evacuó a varios de los heridos y los trasladó a Santa Marta para que fueran atendidos en un centro asistencial.
La situación es tan grave que la delegación de la Comunidad Europea en Colombia pidió proteger a la población de manera urgente.
“Seguimos con preocupación las afectaciones a las comunidades del pueblo indígena arhuaco en el Magdalena a causa de los enfrentamientos armados. Llamamos a proteger a la población civil y atender urgentemente las violaciones a los DDHH”, escribió ese organismo en X.
Por su parte, la Embajada del Reino de los Países Bajos en Colombia también exigió una rápida intervención.
“La grave situación que enfrenta el Pueblo Indígena Arhuaco en el Magdalena exige atención inmediata. Hacemos un llamado urgente al respeto del Derecho Internacional Humanitario y a las autoridades para garantizar la protección y los derechos humanos de las comunidades afectadas”, manifestó.
De la misma manera lo hizo la Embajada Británica en el país. “Nos preocupa la grave situación en Aracataca por los enfrentamientos entre grupos armados y el enorme impacto que tienen sobre el Pueblo Indígena Arhuaco. Destacamos la acción de la fuerza pública en la zona, pero reiteramos el llamado a los grupos a respetar a la población civil”.
Los enfrentamientos, según explicó Luis Felipe Ortiz, Guytenmakú, un comunicador arhuaco de la zona del Cesar, ocurren en pleno corazón del territorio ancestral, en medio de dos comunidades llamadas Serankwa y Dwanawimaku.
“Dwanawimaku, que antes se conocía como Campamento, es una población que está a unas ocho horas de distancia de Serankwa, dentro del corazón del territorio, en tierra fría, casi en la cabecera del río Aracataca”, manifestó.
“Es bastante distante; para llegar hay que ir hasta Punto Blanco (Gunmaku) y para ir hasta Dwanawimaku hay unas siete u ocho horas, caminando, y de ahí a Serankwa otras ocho o nueve horas”, indicó.
Guytenmakú destacó que en la comunidad de Serankwa, donde particularmente se están dando los enfrentamientos, es donde el pueblo arhuaco encuentra a sus líderes espirituales mejor protegidos. “Es donde uno encuentra la tranquilidad, la seguridad para la toma de decisiones”, dijo.
Pero el territorio está en disputa por dos actores armados que nada tienen que ver con la comunidad, los mismos grupos que, por su presencia, entre otras cosas, llevaron al cierre temporal del Parque Tayrona en días recientes. Paradójicamente, los dos grupos ilegales están sentados en la mesa de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, pero hicieron oídos sordos al llamado de las autoridades para proteger a los indígenas.