La jornada de manifestaciones del pasado 21 de mayo en Bogotá volvió a abrir el debate sobre los límites entre la protesta social y los actos vandálicos, luego de que varios corredores viales de la capital terminaran bloqueados y algunas estaciones de TransMilenio, sedes políticas y fachadas resultaran afectadas por encapuchados.
Las movilizaciones, convocadas por sectores estudiantiles y colectivos sociales, se concentraron principalmente en la carrera séptima, la calle 26 y zonas cercanas a la Universidad Nacional.
Desde primeras horas de la tarde comenzaron los cierres intermitentes y las afectaciones al sistema de transporte masivo, mientras cientos de usuarios quedaron atrapados en medio de desvíos, congestiones y suspensión de rutas.
La Secretaría de Movilidad confirmó cierres en estaciones como Ciudad Universitaria, Corferias y Centro Memoria, además de desvíos operacionales sobre la troncal de la calle 26. La situación obligó a implementar contraflujos y generó retrasos durante varias horas.
Sin embargo, el punto de mayor controversia estuvo relacionado con los hechos vandálicos registrados durante las marchas. Videos difundidos en redes sociales mostraron a grupos de encapuchados realizando grafitis sobre fachadas y promoviendo la evasión del pago en estaciones de TransMilenio.
También se reportaron daños contra la sede de campaña de la precandidata presidencial Paloma Valencia, donde aparecieron mensajes políticos pintados con aerosol y propaganda destruida.
Las críticas no tardaron en aparecer. Desde distintos sectores políticos y ciudadanos se cuestionó que las movilizaciones terminaran afectando la movilidad de miles de bogotanos y derivaran en ataques contra infraestructura pública y sedes privadas.
En redes sociales se multiplicaron las quejas de usuarios por los bloqueos y las demoras en TransMilenio, mientras voces cercanas a la administración distrital insistieron en que los actos vandálicos terminaron desdibujando las reclamaciones de fondo de los manifestantes.
La Alcaldía autorizó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en inmediaciones de la Universidad Nacional ante los disturbios y el cierre de vías estratégicas.
Aunque la administración distrital reiteró que respeta el derecho a la protesta, las autoridades también recordaron que durante toda la semana estaban programadas manifestaciones en distintos puntos de la ciudad y advirtieron sobre posibles nuevas afectaciones a la movilidad.