El lunes 13 de abril la Policía frustró el intento de hurto contra una mujer y logró la captura de los responsables, en el sector del CAN en Bogotá, sobre la calle 26, cerca de la Registraduría.
De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en el momento de los hechos, uno de los delincuentes portaba un brazalete de monitoreo de detención domiciliaria, cubierto con papel aluminio, al parecer para poder bloquear la señal del dispositivo.
Debido a este caso y a algunos otros presentados anteriormente, el alcalde envió una contundente crítica al Ministerio de Justicia y a las autoridades competentes.
“Llegó el momento de que el Ministerio de Justicia nos diga su capacidad para poder controlar a las personas que están detenidas en sus casas o que están en detención domiciliaria con brazalete, porque evidentemente tenemos a muchas de esas personas delincuentes nuevamente en las calles”, sentenció.
El mandatario insistió en que esta situación representa un obstáculo contra el objetivo de contrarrestar la delincuencia en la capital, al permitir que personas ya condenadas regresen a las calles y reincidan.
El INPEC se pronuncia sobre delincuentes en las calles que deberían estar cumpliendo su sentencia de casa por cárcel
A través de un comunicado oficial, compartido este jueves, el INPEC afirmó que “el sistema de brazaletes electrónicos para control domiciliario no presenta fallas sistémicas ni estructurales”.
Además, explicó que la tecnología cuenta con monitoreo permanente, georreferenciación y alertas en tiempo real ante cualquier irregularidad.
Sin embargo, la explicación institucional es bastante diferente en comparación con los recientes casos registrados en la capital, donde autoridades han capturado a personas que, pese a tener casa por cárcel, continúan delinquiendo.
Estas situaciones han encendido el debate sobre la efectividad del control y la capacidad de reacción del sistema.
Según el INPEC, el monitoreo se realiza a través del Centro Penitenciario Virtual (CERVI), que tiene la función de “detectar y gestionar alarmas, incluidas salidas de zona, desconexión o manipulación del dispositivo”, además de reportar cualquier incumplimiento a los jueces de ejecución de penas.
De hecho, el propio instituto reveló un caso reciente en Bogotá en el que una persona bajo detención domiciliaria acumuló “34 transgresiones, incluyendo siete violaciones a la zona de inclusión”, situación que fue reportada en al menos cinco informes al juez correspondiente desde febrero.
“El único autorizado para revocar la medida es el juez de ejecución de penas”, reiteró el INPEC, resaltando que ni la entidad ni la Policía pueden actuar directamente sin una orden judicial, incluso cuando existen incumplimientos documentados.
Aunque el INPEC insiste en que el sistema cuenta con “13 tipos de alarmas automáticas en tiempo real” y un robusto esquema de seguimiento, los hechos recientes sugieren que el problema no solo es tecnológico, sino también institucional, en la articulación entre las entidades y la respuesta oportuna de la justicia.
Actualmente, el sistema cuenta con más de 5.140 dispositivos activos y ha registrado más de 13.500 activaciones, con un despliegue operativo que incluye 60 cuadrillas y cerca de 1.300 visitas semanales de verificación en todo el país.
El instituto concluyó que continuará fortaleciendo sus capacidades para garantizar el cumplimiento de las medidas, mientras crece la presión para revisar los protocolos y evitar que la detención domiciliaria se convierta en una puerta abierta para la reincidencia delictiva.