Lo ocurrido en Cali la noche del pasado 21 de junio, cuando el país conoció la elección de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, tiene varias interpretaciones. Según las autoridades y líderes de la ciudad, por un lado, está la injerencia de actores políticos secundarios que propiciaron la narrativa de fraude electoral y, por otro lado, bandas criminales que aprovechan la gasolina de un nuevo estallido social para atacar la infraestructura de la ciudad, como las fotomultas.
SEMANA pudo establecer que esas organizaciones ilegales pretendían extender el caos por toda la ciudad, pero la minuciosa inteligencia policial y el apoyo de la Alcaldía de Cali fueron esenciales en la contención rápida, aunque en medio de la alteración del orden público hubo seis fotomultas dañadas y una persona asesinada por sicarios.
Los desórdenes comenzaron a las seis de la tarde, luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial. En la jornada electoral no hubo contratiempos y todo fluyó. En el sector de Puerto Rellena hubo concentraciones que rápidamente terminaron en actos vandálicos contra estaciones del MIO, cámaras de fotodetección y otros bienes públicos.
En conversación con SEMANA, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavidez, explicó que las autoridades ya tenían un dispositivo especial preparado para cualquier eventualidad.
“Había una preparación y una planeación previa frente a todo el sector electoral. Fueron cerca de 4.000 unidades de policía que teníamos desde muy tempranas horas del día. La jornada electoral se desarrolló sin ningún contratiempo y, posteriormente, sobre las siete de la noche, empezaron estas concentraciones, donde algunas personas iniciaron acciones vandálicas”, dijo.
A la fecha, SEMANA conoció que son 27 las personas que quedaron individualizadas en los videos en poder de las autoridades. Lo anterior es clave para el proceso de judicialización y que paguen los daños que le hicieron a la ciudad.
“Son más unos desadaptados, vándalos, que lo único que les gusta es generar caos y aprovechan estos escenarios para adelantar este tipo de acciones”, afirmó Benavides.
Al mismo tiempo, dijo que hay una recompensa de 200 millones de pesos para quienes suministren información sobre estas personas, que serían integrantes de peligrosas estructuras criminales, pero no entregó detalles porque afectarían las investigaciones.
El exconcejal Juan Martín Bravo dijo que antes de las elecciones proporcionó información a las autoridades relacionada con la forma como estas personas se estaban armando para desatar los desórdenes en Cali.
“Había grupos de WhatsApp en los que las personas decían específicamente lo que iban a hacer. Hablaban de tumbar fotomultas, destruir estaciones del MIO, atacar instalaciones de movilidad y hasta guardar munición, preparar cocteles molotov y utilizar papas bomba. Eso fue exactamente lo que terminó ocurriendo”, afirmó Bravo. Indicó que la Fiscalía General tiene abundante material probatorio para avanzar en las investigaciones judiciales de estos desórdenes.
“Lamentablemente, dañaron varias estaciones del MIO, destruyeron más de siete fotomultas, y esos recursos ahora tendrán que salir del bolsillo de todos los caleños. Son miles de millones de pesos que dejan de invertirse en programas sociales”, manifestó.
Por su parte, el concejal Roberto Ortiz destacó la reacción de la fuerza pública, aunque reconoció que hubo decisiones iniciales que, a su juicio, terminaron aumentando la tensión.